En una respuesta contundente ante la reciente ola de violencia que sacude diversas regiones del país, el presidente de la República, Gustavo Petro, ha emitido una directriz oficial a los organismos de inteligencia y a la fuerza pública para determinar la procedencia de los materiales bélicos empleados en los últimos ataques terroristas.El mandatario enfatizó que la prioridad nacional es desarticular las redes de suministro que permiten a los grupos armados ilegales acceder a explosivos de alto impacto, los cuales han causado graves afectaciones a la población civil y a la infraestructura del Estado.
Petro convoca unidad élite para auditar el uso de explosivos en el país
La orden presidencial no se limita únicamente a la captura de los autores materiales. El jefe de Estado ha solicitado un informe detallado sobre la trazabilidad de los componentes. Según fuentes gubernamentales, existe una creciente preocupación por la posibilidad de que materiales de uso industrial o militar estén siendo desviados de canales legales o ingresando de forma masiva por pasos fronterizos no autorizados.
«Es imperativo conocer quiénes están financiando y facilitando el acceso a estas armas de destrucción. La investigación debe llegar hasta la raíz de la cadena de suministro», señaló el mandatario durante un consejo de seguridad extraordinario.
Para dar cumplimiento a esta instrucción, se ha dispuesto la creación de una unidad élite interinstitucional conformada por expertos en balística de la Policía Nacional, analistas de inteligencia del Ejército y delegados de la Fiscalía General de la Nación. Este equipo tendrá la tarea de analizar los residuos químicos y los detonadores recuperados en las zonas de impacto para identificar su fabricación y lote de origen.
Los datos preliminares que maneja el Ministerio de Defensa sugieren que los artefactos utilizados en las últimas incursiones presentan una sofisticación técnica que no se veía en años anteriores. Esto sugiere que las estructuras criminales podrían estar recibiendo asesoría técnica externa o han mejorado sus laboratorios de manufactura artesanal.
Este movimiento del Ejecutivo ocurre en un momento crítico para la implementación de la política de Paz Total. La recurrencia de atentados con explosivos ha generado un clima de escepticismo en diversos sectores políticos y sociales. Al ordenar esta investigación, Petro busca enviar un mensaje de control y autoridad, dejando claro que el diálogo no implica una permisividad ante actos que vulneren el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Las autoridades han sido instruidas para presentar los primeros resultados de este peritaje técnico en un plazo no mayor a 15 días. Se espera que los hallazgos permitan no solo neutralizar las células terroristas urbanas y rurales, sino también presionar diplomáticamente a países vecinos si se comprueba que el material proviene del mercado negro internacional.
Además de la investigación forense y de inteligencia, el Gobierno ha anunciado un refuerzo en los controles de inventario de las canteras y empresas mineras legales, las cuales utilizan explosivos para sus operaciones. El objetivo es asegurar que no existan fugas de inventario que terminen en manos de organizaciones al margen de la ley. La ciudadanía, por su parte, se mantiene en alerta mientras la fuerza pública incrementa su presencia en los puntos neurálgicos del país, a la espera de que el esclarecimiento de estos hechos logre frenar la escalada violenta que amenaza la estabilidad regional.
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