Durante el más reciente Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro solicitó al ministro de Hacienda, Germán Ávila, suprimir el decreto que permite a los fondos de pensiones invertir parte de sus recursos fuera del país, argumentando que el ahorro de los trabajadores debe permanecer en territorio nacional.
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Según cálculos sectoriales, el 52,8 % de las inversiones de las AFP se ubicó en el exterior en 2022, principalmente en renta variable internacional y fondos de capital privado.
¿Qué ordenó Petro y por qué?
Este 15 de julio de 2025, Petro anunció su petición durante la sesión nocturna de gabinete y la justificó como un paso “para evitar que el dinero de los trabajadores salga del país” y fortalecer la economía local.
“Yo le he pedido a Germán que saque el decreto o que al menos elimine lo que creó Santos, que quitó la prohibición de sacar el dinero ahorrado por los trabajadores de las AFP fuera del país”, declaró el mandatario.
#POLÍTICA. El presidente Gustavo Petro le pidió al ministro de Hacienda, Germán Ávila, derogar el decreto que permite a los fondos de pensiones hacer inversiones en el exterior. “Si se llevan los ahorros de los trabajadores que se va a invertir en Colombia”., advirtió.… pic.twitter.com/XndCTNISn3
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 16, 2025
La solicitud desató críticas entre analistas: limitar la inversión internacional “vulneraría la libertad de diversificación” y aumentaría el riesgo de colocar “todos los huevos en la misma canasta”, explicó un experto citado por La República.
Los especialistas recuerdan que la diversificación protege los portafolios frente a la volatilidad global; obligar un retorno masivo implicaría asumir mayores riesgos de concentración en el mercado colombiano, con menor profundidad y liquidez.
El régimen de inversión de los fondos de pensiones
El marco actual proviene del Decreto 1393 de 2020, que modificó el Decreto 2555 de 2010 y flexibilizó los límites para que las AFP destinaran hasta 70 % de ciertos portafolios a activos internacionales, dependiendo del perfil de riesgo.
Complementariamente, la Ley 2112 de 2021 exige que al menos 3 % del total administrado se invierta en fondos de capital privado locales para impulsar el emprendimiento nacional.
Según datos consolidados de la Superintendencia Financiera, en 2024 los portafolios moderado, mayor riesgo, conservador, retiro programado y cesantías sumaron COP 167 billones en deuda pública y corporativa, 34 % del total gestionado por las AFP.
Aun así, el grueso de la exposición sigue fuera de Colombia: entre enero y diciembre de 2022, 29 % se colocó en renta variable externa, 19,1 % en fondos de capital privado foráneos y 4,7 % en renta fija externa, para un total de 52,8 %.
Daniel Mantilla García, profesor de la Universidad de los Andes, explicó en su momento, cuando Petro habló de esta propuesta inicialmente hace algunos meses, que esa inversión externa “sí es ahorro: es un activo” que, además, se ha valorizado con la devaluación del peso; repatriarla podría sacrificar rentabilidad y aumentar la volatilidad para los cotizantes.
Un informe de Aval Casa de Bolsa muestra que, aun con la preferencia por el exterior, las AFP incrementaron 14 % su inversión en deuda pública local, de COP 139 billones en 2023 a COP 158 billones en 2024, mientras recortaron 67 % la deuda corporativa.
Asofondos destacó que los rendimientos alcanzaron COP 51,8 billones en 2024, el mejor registro en 31 años, elevando el ahorro total a COP 464,8 billones y beneficiando a 19,2 millones de afiliados.
Desde una óptica macroeconómica, la propuesta llega en un momento de caída global de la inversión extranjera directa, que disminuyó 2 % en 2023 según la UNCTAD; forzar la repatriación podría tensionar aún más los flujos de capital hacia Colombia.
La idea no es nueva: en marzo de 2023, tras el colapso de Silicon Valley Bank, Petro ya había pedido a las AFP “traer el ahorro pensional al país” al advertir que 55 % de sus carteras estaba fuera de Colombia.
El gremio y los reguladores respondieron entonces que las inversiones cumplen con estrictos topes y que la exposición a riesgos específicos, como fondos de venture capital, es “prácticamente nula”.
Hoy, la nueva solicitud de derogatoria reaviva la discusión legislativa y podría enfrentarse a la resistencia de las AFP, que defienden la diversificación como pilar de la rentabilidad de largo plazo.
El debate sobre dónde deben colocar su capital los fondos de pensiones encarna un dilema entre la soberanía del ahorro y la búsqueda de la máxima rentabilidad para los afiliados. La eventual derogatoria del decreto podría redefinir el mapa de inversión de las AFP y, con ello, la capacidad de los trabajadores de proteger su futuro financiero. Mantener un diálogo técnico y transparente será clave para que cualquier ajuste preserve tanto la estabilidad del mercado local como los derechos de los cotizantes.
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