El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) confirmó, mediante un comunicado oficial, que el traslado de personas privadas de la libertad designadas como voceros de estructuras criminales de alto impacto en Medellín y el Valle de Aburrá a la Plazoleta de La Alpujarra fue autorizado directamente por el presidente Gustavo Petro, en el marco del proceso de “paz urbana” que lidera el Gobierno Nacional.
La entidad indicó que dicha acción se dio con base en el artículo 189, numeral 4, de la Constitución, que faculta al presidente como suprema autoridad administrativa del INPEC, y en articulación con la Coordinadora delegada para el Espacio de Conversación Sociojurídico de Paz Total y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
En el comunicado, el INPEC detalló que la Presidencia de la República había designado previamente a estas personas como voceros oficiales mediante las resoluciones 139 del 29 de mayo de 2023 y 094 del 8 de abril de 2025.
Como consecuencia, el propio INPEC expidió las resoluciones 5208 del 19 de junio y 5304 del 20 de junio de 2025, en las que se ordena formalmente la remisión de las Personas Privadas de la Libertad (PPL) para participar en el acto público junto al presidente Petro, realizado el 21 de junio de 2025 en la Plazoleta de La Alpujarra, en Medellín.
Petro dio la orden: autorizó traslado de cabecillas a La Alpujarra
La entidad subrayó que este tipo de traslados están amparados por el artículo 30B de la Ley 65 de 1993, modificado por la Ley 1709 de 2014, que permite movilizar a personas privadas de la libertad por razones procesales, médicas o administrativas, previa solicitud de una autoridad competente. En este caso, dicha autoridad es el Presidente de la República.
El INPEC aclaró, además, que los voceros trasladados tienen la calidad jurídica de personas condenadas, lo cual no restringe su participación en espacios institucionales definidos por el Gobierno para facilitar el diálogo y avanzar en procesos de resocialización.
La Dirección General del INPEC argumentó que este traslado hace parte de un esfuerzo más amplio por promover condiciones que favorezcan la paz dentro y fuera de los centros de reclusión, así como el tratamiento penitenciario con enfoque en derechos humanos.
“El objetivo es reducir los niveles de violencia y conflictividad tanto en las cárceles como en la sociedad”, señala el comunicado, al explicar que estas estrategias buscan generar espacios de participación y reconciliación con grupos que anhelan una paz estable y duradera.
Polémica y reacciones
La presencia de los voceros en una instalación pública como La Alpujarra ha generado críticas en distintos sectores, especialmente por parte de autoridades locales como el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien ha señalado que este tipo de decisiones revictimizan a la ciudadanía y debilitan la institucionalidad.
Sin embargo, el INPEC sostiene que actuó en el marco de sus funciones legales y en cumplimiento de las órdenes impartidas por el jefe de Estado, destacando que el procedimiento se ejecutó bajo custodia oficial y con las garantías correspondientes a la dignidad e integridad de los privados de la libertad.
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