Las principales plataformas de movilidad que operan en Colombia encendieron las alarmas tras la radicación del Proyecto de Ley 347 de 2026, impulsado por el Ministerio de Transporte, que propone un nuevo régimen sancionatorio para los servicios de transporte. Empresas como Uber y Didi, así como el gremio Alianza In, advirtieron que la iniciativa no solo endurece las sanciones, sino que abre la puerta a una prohibición de facto de este tipo de servicios en el país.
Panorama general: Desde Uber, la reacción fue inmediata. La compañía señaló que el proyecto confunde la innovación con una amenaza y traslada a la fuerza pública un debate que, a su juicio, debería resolverse a través del diálogo, el sentido común y una visión de futuro para la economía digital y la movilidad en Colombia. En su concepto, el enfoque punitivo no aborda los retos estructurales del sector ni responde a las transformaciones que ya están en marcha en las grandes ciudades del mundo.
La plataforma también cuestionó el impacto que tendría criminalizar el uso de aplicaciones tecnológicas para la movilidad. Según Uber, esta estrategia no protege a los ciudadanos y, por el contrario, expone a riesgos innecesarios a millones de usuarios, conductores de taxi, arrendadores de motos y propietarios de vehículos particulares que hoy encuentran en estas herramientas una fuente de ingresos. A esto se suma, advirtieron, la afectación directa a la estabilidad económica y la tranquilidad de miles de familias.
“Colombia está en un momento de definiciones. El rumbo no debería ser castigar lo que funciona, sino confiar en los ciudadanos y en su capacidad de elegir cómo generar ingresos y cómo moverse”, señaló la empresa en un pronunciamiento público.
Plataformas de movilidad alertan por sanciones y posible prohibición tras Proyecto de Ley 347
Una postura similar expresó Alianza In, el gremio que agrupa a empresas de la economía digital. Para esta organización, el Proyecto de Ley 347 representa uno de los retrocesos más severos que ha enfrentado el país en materia de innovación y movilidad en los últimos años. En su análisis, la iniciativa constituye una amenaza directa para el ecosistema digital y para las cientos de miles de personas que hoy generan ingresos a través de plataformas de movilidad.
Por qué es importante: De aprobarse el articulado en los términos actuales, advirtió Alianza In, el efecto práctico sería la desaparición de estas plataformas y del trabajo con vehículos particulares en Colombia. Esto implicaría, según el gremio, una vulneración del derecho de millones de usuarios a movilizarse mediante estos servicios y una restricción a la libertad de los ciudadanos para escoger cómo desplazarse, bajo criterios de seguridad, comodidad y eficiencia.
“Este es un proyecto cuya consecuencia práctica es la prohibición absoluta de las plataformas de movilidad y de las libertades y derechos que estas representan. Se trata de un esquema de persecución contra conductores, usuarios y empresas, justo cuando el mundo avanza hacia regulaciones inteligentes y modernas”, afirmó José Daniel López, presidente ejecutivo de Alianza In Colombia.
Uno de los puntos que más preocupación genera es el régimen de sanciones contemplado en el proyecto. De acuerdo con el gremio, la posibilidad de inmovilizar vehículos hasta por 120 días y la imposición de multas consideradas desproporcionadas configuran un escenario de persecución. Entre las sanciones previstas se mencionan multas cercanas a los $4,7 millones por cada viaje, que podrían recaer tanto sobre usuarios como sobre las plataformas, así como sanciones de hasta $2.179 millones en aquellos casos en los que la ley no establece una multa específica.
Para las plataformas y el sector digital, el debate de fondo va más allá del monto de las sanciones. Lo que está en juego, insisten, es el modelo de regulación que el país quiere adoptar frente a la innovación tecnológica y la movilidad del futuro. Mientras otras economías avanzan hacia esquemas flexibles y modernos, Colombia corre el riesgo, según estas voces, de optar por un camino restrictivo que desconoce la realidad del mercado y las necesidades de los ciudadanos.
Lea también: ¿La Bolsa de Valores se inclina por un cambio de Gobierno?