Si en Colombia existiera una cultura mucho más avanzada para saber leer, escuchar y analizar lo que se ve a diario, además de acompañarlo con una capacidad para inferir las intenciones de lo que se publica, pero sobre todo tener autonomía para crear una opinión propia y tener determinada posición frente a diferentes temas, esta sociedad sería más exigente con los medios de comunicación y no se dejaría engañar con los oscuros propósitos que estos puedan tener.
El periódico El Colombiano y el periodista Germán Jiménez, publicaron un artículo “investigativo” en contra de Plaza Mayor, entidad descentralizada de la Alcaldía de Medellín, a la cual todos los números, incluso entes de control, confirman su crecimiento a niveles exponenciales en materia de productividad, competitividad, realización de eventos propios y externos, y operación de grandes proyectos a nivel nacional e internacional, que la han llevado a ser el operador de eventos más grande de todo el país.
Cuando las personas no leen un artículo y se quedan sólo con los títulos que el periódico El Colombiano ha publicado en contra de Plaza Mayor, se crean visiones erróneas y se quedan con una mala imagen, logrando el objetivo de este medio, cuyo único interés es destruir, y una muestra de esto es el siguiente encabezado: “Plaza mayor movió plata en tulas y en cuentas de empleados”, un título alejado completamente de la realidad, el cual genera cizaña y forma al lector para que tergiverse la información de una manera perjudicial.
Las acusaciones del periodista Jiménez, las cuales son carentes de toda veracidad, pues sin ningún tipo de pruebas, aseguró que en Plaza Mayor se perdió dinero de recursos públicos, ya que hubo trabajadores que se fueron de la entidad con el paz y salvo entre sus manos pese a tener deudas, además de centrar el veneno del artículo en Gabriel Jaime Rico, de quien aseguraban que no legalizó gastos.
Por eso por medio de un comunicado, Plaza Mayor salió al paso de las acusaciones hechas por el periódico El Colombiano y aclaró que tienen un contrato con el Ministerio de Educación Nacional al que se le realizan constantes auditorias y se encuentra legalizado. Además informó que el contrato es un mandato de administración de recursos, razón que los obliga hacer los pagos por gastos reembolsables en efectivo y que por órdenes del dueño de esos recursos, la entrega del dinero se hizo en el sitio en donde se llevaba a cabo el evento y el transporte de ese capital se hizo en un vehículo blindado y con acompañamiento de la Policía. En el comunicado ponen en orden a todas las cifras y confirma la existencia de pólizas para realizar este tipo de movimientos.
Además la entidad enfatizó en que vela en todo momento por la transparencia de las actuaciones de todos sus empleados y que cualquiera que deje de trabajar en esta debe estar al día con todos sus compromisos como lo indica la ley, para poder recibir su paz y salvo, lo cual aplica sobre los exfuncionarios Gabriel Jaime Rico, Claudia Patricia Wilches y los demás relacionados, cumplieron a cabalidad con todo lo exigido, no tienen deudas con la empresa y por ende, no hay ningún delito.
360 Radio se pregunta por qué el periodista Jiménez no ha investigado las irregularidades en empresas como Comfama, en las terminales de transporte de Medellín, en el Área Metropolitana o lo sucedido en la Gobernación de Antioquia, en entidades como el canal Teleantioquia y la FLA