En una medida controvertida, el presidente Gustavo Petro anunció la designación de 17 exjefes paramilitares y narcotraficantes como «gestores de paz» en un esfuerzo por fomentar la reconciliación en Colombia. Estos exlíderes paramilitares, algunos de los cuales cumplen condenas en prisión por crímenes graves, tendrán un papel temporal de seis meses para apoyar iniciativas de paz y reparación de las víctimas del conflicto armado.
Panorama general: Entre los beneficiados por esta designación se encuentran figuras notorias como Rodrigo Tovar Pupo, alias «Jorge 40»; Iván Roberto Duque, alias «El Iguano»; Hebert Veloza, conocido como «HH»; Ramón Isaza, alias «El Patrón»; y Carlos Mario Jiménez, alias «Macaco», quienes fueron protagonistas de algunos de los capítulos más oscuros del conflicto armado en Colombia. Todos ellos son exjefes paramilitares que se acogieron al proceso de Justicia y Paz, sin embargo, varios fueron expulsados de dicho proceso al ser reincidentes en actividades ilegales.
Exparamilitares y narcotraficantes: nuevos gestores de paz en Colombia
El gobierno ha detallado que, a excepción de Carlos Mario Jiménez, alias «Don Berna», quien está cumpliendo una condena en Estados Unidos, estos individuos podrán salir de prisión bajo supervisión para cumplir sus nuevas funciones. Aquellos que se encuentran fuera del país, como Don Berna, podrán participar de forma remota.
Por qué es importante: La resolución 453 de 2024 establece que la designación no modifica la situación judicial de los implicados. La medida está limitada a un período inicial de seis meses y cuenta con un monitoreo constante por parte del gobierno, que se reserva el derecho de revocar esta designación si los beneficiarios no cumplen con las obligaciones impuestas. Los gestores de paz deberán desarrollar un plan de trabajo, participar en diligencias judiciales y asistir a reuniones orientadas a la construcción de paz y reconciliación.
A través de sus labores, estos exjefes paramilitares y narcotraficantes contribuirían con su experiencia a actividades que fomenten la paz en las zonas más afectadas por el conflicto, especialmente a través del esclarecimiento de hechos, la cooperación en procesos de verdad y justicia, y la identificación de rutas de reparación para las víctimas.
Contexto:
La designación de estos exjefes paramilitares ha generado un intenso debate en Colombia. Si bien algunos sectores consideran que esta medida podría contribuir al proceso de paz al incorporar a personas con un profundo conocimiento del conflicto, otros la ven como una traición a las víctimas de masacres, desplazamiento forzado y desapariciones perpetradas por estos grupos.
Varias organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación sobre el mensaje que se transmite a las víctimas y al público en general. «Es difícil para las víctimas ver a sus victimarios recibir permisos y salidas, incluso bajo la supervisión del Estado, cuando ellas aún esperan justicia y verdad», mencionó un vocero de una organización de derechos humanos. Las víctimas y sus familias temen que estas designaciones les otorguen un protagonismo público a personas que, en muchos casos, no han cumplido plenamente con sus obligaciones de reparación y justicia.
Por otro lado, algunos analistas señalan que esta medida puede ser una estrategia pragmática de la administración Petro para avanzar en la pacificación de las zonas más golpeadas por la violencia. «Los gestores de paz tienen un rol instrumental en la política de reconciliación, y aunque se trate de figuras polémicas, podrían aportar a un proceso de paz integral y a largo plazo», expresó un experto en resolución de conflictos.
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