El Gobierno nacional avanza en la elaboración de un decreto sobre la repatriación de pensiones, con el que busca traer al país parte de los recursos que hoy están invertidos en mercados internacionales. La iniciativa ha reactivado un intenso debate técnico y económico por sus posibles efectos sobre la rentabilidad, el riesgo y la liquidez del ahorro pensional en Colombia.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el proyecto normativo estaría listo para su publicación y posterior recepción de comentarios ciudadanos, una vez supere la revisión del propio Ministerio y de la Superintendencia Financiera. El anuncio tomó mayor fuerza el pasado 31 de diciembre de 2025, cuando el Gobierno planteó la posibilidad de repatriar hasta $125 billones administrados por los fondos privados de pensiones en el exterior.
Repatriación de pensiones reabre el debate sobre riesgos, rentabilidad y liquidez
La iniciativa no ha estado exenta de cuestionamientos. Desde distintos sectores del sistema financiero han advertido que una repatriación forzada de estos recursos podría generar impactos negativos tanto para los afiliados como para la estabilidad del mercado local.
El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, aseguró que obligar a los fondos a retirar inversiones del exterior carece de sustento técnico. Según explicó, esta medida no incrementa el ahorro de la economía y, por el contrario, reduce la diversificación de los portafolios, uno de los principales mecanismos para mitigar riesgos y mejorar retornos a largo plazo.
Velasco ilustró su argumento con un ejercicio comparativo: un millón de pesos invertido desde 2011 con acceso a diversificación internacional habría alcanzado hoy un valor cercano a $3,23 millones, con un retorno promedio anual del 8,5% y un riesgo moderado. En contraste, ese mismo recurso invertido únicamente en activos locales habría llegado a cerca de $1,67 millones, con un rendimiento de 3,8% y el doble de riesgo.
Actualmente, los fondos privados administran alrededor de $500 billones en activos, de los cuales cerca de $250 billones están invertidos en el exterior. La eventual repatriación de $125 billones implicaría traer de vuelta casi la mitad de esas inversiones internacionales, una cifra que, según Velasco, ha sido objeto de especulación y aún no está definida de manera oficial.
A estas críticas se sumó Mónica Higuera Garzón, exdirectora de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF), quien advirtió que los recursos están colocados en instrumentos de mediano y largo plazo, muchos de ellos con penalidades por retiros anticipados o que aún no alcanzan su madurez.
Uno de los principales focos de preocupación es la liquidez. Higuera comparó la medida con intentar consumir de inmediato toda la cava de un restaurante, señalando que el sistema financiero colombiano no tendría la capacidad de absorber un flujo tan grande de recursos sin generar distorsiones significativas.
Velasco agregó que una repatriación acelerada obligaría a vender activos rentables en el exterior en condiciones desfavorables, lo que podría traducirse en pérdidas de valor. A esto se sumaría una presión a la revaluación del peso por la entrada masiva de dólares y, posteriormente, la dificultad para encontrar activos atractivos en el mercado local, donde la oferta de proyectos de inversión sigue siendo limitada.
Desde Asofondos insisten en que los principales afectados no serían las administradoras, sino los trabajadores. Las eventuales pérdidas derivadas de menores retornos y mayores riesgos recaerían directamente sobre el ahorro pensional, con efectos de largo plazo sobre el pasivo del sistema y la capacidad de inversión futura del país.
Mientras el Gobierno se prepara para publicar el decreto y abrir el debate público, el tema se perfila como uno de los más sensibles de la agenda económica de 2026, con implicaciones directas para millones de afiliados al sistema pensional colombiano.
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