El Concejo de Medellín está nuevamente en el centro de la controversia debido a la contratación de un servicio de consultoría por 113 millones de pesos para mejorar su imagen ante la ciudadanía.
Este contrato, firmado en septiembre de este año con la agencia de comunicaciones Duende y con ejecución hasta diciembre, ha desatado una ola de críticas en redes sociales, donde usuarios cuestionan la pertinencia de destinar recursos públicos a una campaña de imagen en lugar de otras necesidades prioritarias.
Las críticas se han intensificado debido a que los mismos concejales frecuentemente promueven la austeridad y el uso eficiente del gasto público, generando una aparente contradicción con la inversión en esta consultoría.
Los detalles y reacciones por el polémico contrato
El contrato, firmado por el secretario general del Concejo, Conrado de Jesús Torres, establece que la agencia contratada deberá realizar un diagnóstico detallado del estado actual de la marca del Concejo de Medellín, incluyendo una evaluación de su estrategia de comunicación en redes sociales como Facebook, Instagram, X, Tiktok y Spotify.
Además, se exige la elaboración de una “nueva estrategia comunicacional” para mejorar la percepción pública del Concejo, basada en los lineamientos de la Ley 2345 de 2023, que regula la identidad visual de las entidades estatales y enfatiza la austeridad en publicidad estatal.
Según el contrato, la justificación de esta inversión se basa en que, después de 12 años, el Concejo de Medellín actualizó su manual de identidad visual para cumplir con la mencionada ley, y además renovó más del 80% de sus integrantes. En este contexto, se consideró necesario “innovar con una nueva narrativa y estrategia de comunicación pública” que permita conectar mejor con la ciudadanía y responder a las expectativas de nuevas audiencias.
Sin embargo, lejos de mejorar su imagen, el contrato ha generado rechazo y ha llamado la atención sobre las prioridades del Concejo de Medellín en el manejo de los recursos públicos.
Por su parte, Andrés Tobón, concejal y actual presidente del Concejo de Medellín, le dijo a El Colombiano que el contrato busca actualizar la marca del Concejo, que no había sido renovada en los últimos 12 años, pasando de “Concejo Municipal” a “Concejo Distrital”.
Tobón considera que esta actualización es esencial para cumplir con los requerimientos legales y ofrecer una imagen institucional que se alinee con el nuevo estatus distrital de Medellín.
Por su parte, el concejal Sebastián López, líder de la bancada del Centro Democrático y posible sucesor de Tobón en la presidencia del Concejo, respalda esta visión, señalando que el cambio de identidad responde al paso de “Concejo Municipal” a “Concejo Distrital”, lo cual exige una actualización en la representación visual de la institución.
¿Un gasto innecesario o una necesidad institucional?
Pese a las explicaciones ofrecidas por algunos concejales, la controversia persiste. Quienes critican el contrato argumentan que el cambio de nombre y estatus del Concejo no necesariamente justifican una inversión de esta magnitud, especialmente cuando la ciudadanía enfrenta múltiples necesidades.
La actualización de la marca del Concejo, aunque obligatoria para cumplir con la normativa, genera dudas sobre si realmente es necesario destinar 113 millones de pesos para mejorar la “imagen y favorabilidad” del Concejo ante sus grupos de interés.
Otro factor que alimenta las críticas es la desconexión que algunos ciudadanos perciben entre los concejales y la realidad de sus representados. En un espacio en el que, con frecuencia, las intervenciones de los concejales parecen más dirigidas a las cámaras de sus celulares que a los asistentes en el recinto, muchos consideran que el interés en mejorar la presencia en redes sociales resulta cuestionable, especialmente cuando el debate se centra en la eficiencia en el uso de los recursos públicos.