Se supone que el deber constitucional, ético y moral, si se quiere, de cualquier gobierno, sin importar su ideología política, es primero proteger a todos los colombianos en su integridad, segundo entregar un país mejor de lo que lo encontró, hasta ahora ese presupuesto, no se cumple.
EDITORIAL
Una discusión filosófica, casi humanista, cabe en estas líneas de análisis riguroso a estos 11 meses, que el gobierno de Gustavo Petro cumple al mando de esta aventura de país que se llama Colombia, y sea lo primero recordar que el ser humano se mueve a través de los incentivos, de los intereses, de lo que toca sus fibras, de lo que le seduce, por lo que se atrae; ese es el ser humano.
Y el ser humano responde, de una manera u otra, a lo que el mundo le entrega, a lo que las demás personas le dan, a lo que el gobierno le da, lo que las empresas le dan, a lo que el mercado le da.
Todos quienes nacieron y se formaron en hogares medianamente funcionales y correctos, bajo la legalidad, bajo unos valores, aunque sean mínimos, entienden que el ideal de toda sociedad, es tener unas bases sólidas, unas formaciones estructuradas, morales, unos valores intachables, que los derechos por ejemplo de una persona terminan en donde empiezan los derechos de las otras personas, que hay que respetar la ley, que hay que trabajar en la vida para conseguir las cosas, que robar, matar, secuestrar, extorsionar; es un delito que no se debe cometer y en ese orden de ideas se crea el tan prostituido contrato social.
El contrato social es una convención, es un acuerdo en donde las personas llegan a unos mínimos para poder convivir, unos mínimos que respetan diferencias, discrepancias, ideología, religión, sexo, colores, razas, estaturas, inclinaciones sexuales, etcétera.
Lo que pasa está, lo que está pasando en Colombia es la antítesis, en toda su extensión de lo que acabamos de relatar, es una inversión total y absoluta de los valores de la doctrina de legalidad, de lo que ha tratado Colombia con muchas dificultades, de construir en su vida republicana.
Actualmente, tenemos un gobierno, que está incentivando la criminalidad, que está incentivando la ilegalidad, que está incentivando el atentado contra la Constitución Política de Colombia, contra la ley y el orden de una nación.
Los ejemplos saltan, cada colombiano los puede ver fácilmente, no vamos a hacer, nosotros quienes empecemos a dirigir esa opinión, porque creemos que las situaciones tan graves que más de 30 millones de colombianos, fácilmente más de 35 millones de Colombianos, entienden que el país no va por buen camino y así lo registran todas las mediciones y no va por buen camino.
No le puede ir bien a un país que fomenta que una parte de la población se dedique a secuestrar, extorsionar, a robar, a asesinar, a invadir predios, a traquetear; sin que nada les pase, sin que tengan el más mínimo temor por la autoridad; lo peor de todo, es que plantee pagarle dinero a los bandidos, a los criminales; porque dejen de delinquir, o sea bajo el razonamiento de este gobierno se le quita la mesada 14 a la fuerza pública, cada vez se desbarajusta más a la policía, al ejército, a la armada, la fuerza aérea, se les debilita más a los hombres que defienden nuestro país legalmente, bajo el amparo constitucional, para subsidiar bandidos para pagarle a bandoleros en todo el país.
Nosotros la verdad es que no entendemos esto de qué va, no entendemos el fundamento, los desconocemos, creemos que no hay nada en el mundo libre y democrático que sustente, que apoye, semejante disparate.
Como medio de comunicación insistimos a las altas cortes, al Congreso, a la Fiscalía, la Procuraduría y hasta la Contraloría, a que revisen esta situación, esta propuesta del gobierno, que sería catastrófica para el país. No solo a nivel de orden público, de seguridad y a nivel económico, sino, a nivel del daño moral, ético, integral y legal a la sociedad colombiana, que ya está lo suficientemente aporreada durante tantos años, por el narcotráfico, por el terrorismo y por la corrupción.
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