Por: Cecilia López Montaño
Hace mucho el ejercicio de la política en Colombia perdió su norte y su deterioro ha sido tal, que en los últimos años esa degradación ha llegado a límites inimaginables. La Región Caribe aparece con más frecuencia de lo deseable, entre los primeros lugares cuando se detectan los peores casos de delitos electorales. El más reciente y sin duda no el último, se refiere a esa empresa electoral en la cual sucedieron todas las formas posibles de violación a las reglas mínimas que deben seguir las campañas para elegir senadores y representantes que aspiran al Congreso de la República. Desde hace un tiempo, el país ha seguido de cerca el complejo entramado de toda clase de perversiones en que pueda incurrir una campaña electoral que giraban alrededor de la aspirante al senado, Aída Merlano.
Desde que se destapó este escándalo quedó en evidencia que Aída Merlano no estuvo sola sino acompañada por la élite electorera del departamento del Atlántico. Saber quiénes están involucrados en este escándalo es muy fácil porque son pocos y además muy conocidos los que manejan el poder en este departamento, en su capital Barranquilla y en muchos de los departamentos de esta región. Cuando ella fue hallada culpable por la justicia y llevada a la cárcel, quienes siguen estos hechos pensaron que como siempre la parte más débil, ella, llevaría el castigo por sus propias fechorías pero también por aquellas cometidas por los peces gordos. Esa ha sido la costumbre en esta sociedad, donde los políticos poderosos son intocables.
Pero para sorpresa de muchos, en la semana anterior la Corte Suprema de Justicia condenó a Aida Merlano a 15 años de prisión y además el Alto Tribunal la declaró responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante, en calidad de coautora, y tenencia ilegal de armas. Pasaron solo unos meses, 19 para ser exactos, para que diera esta condena pero lo importante es que la Corte Suprema de Justicia avanzó aún más.
Sucedido algo insólito para bien de la justicia y de la política colombiana. Parecería que se empezó a romper la historia de impunidad gracias a la cual se daba por hecho que entre más poderosos el político más lejano estaba de ser juzgado. En el fallo proferido el pasado 12 de septiembre, se ordena investigar a una serie de los grandes líderes políticos del Atlántico, senadores, concejales, exconcejales y particulares que se supone son integrantes de la organización que cometió esta operación delincuencial.
Estas prácticas políticas perversas se vienen haciendo hace mucho tiempo. Y los señalados como posibles culpables, además de Aída, han manejado los votos de esta parte del país hace muchísimos años. Es evidente que esas operaciones electorales con todos sus vicios no se improvisan. Por lo anterior: ¿será que por fin va a empezar una depuración de la política colombiana? ¿Y que este proceso empezará en la Región Caribe y concretamente en la sede de los clanes políticos más poderos de la Región Caribe?
