La jornada de paro nacional que se desarrolló el miércoles 28 y jueves 29 de mayo continúa generando repercusiones en el ámbito político y judicial. En la noche del jueves, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que interpondrá una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), por su presunta responsabilidad en los bloqueos al sistema de transporte masivo TransMilenio durante las movilizaciones.
En una declaración emitida desde el Palacio Liévano, Galán fue enfático en señalar que las declaraciones del dirigente sindical constituyen una confesión pública de actos que habrían sido previamente coordinados y que derivaron en afectaciones directas a millones de bogotanos:
“El señor Arias confiesa claramente y abiertamente que los bloqueos al sistema de transporte de Bogotá, TransMilenio, no fueron una acción aislada. Fue una acción deliberada de quienes convocaron el paro”, señaló Galán.
La afirmación del alcalde se refiere a un video ampliamente difundido en redes sociales, grabado por Arias en la Plaza de Bolívar, en el que reconoce:
“Compañeros en las diversas localidades lograron realizar bloqueando el transporte masivo de TransMilenio, que era una de las tantas formas con las cuales veníamos a realizar este paro nacional de 48 horas”.
#Bogotá | El Alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán, en la noche de este jueves, anuncio una demanda en contra de Fabio Arias, presidente de la CUT.
«Con base en esta confesión, mañana interpondremos la denuncia penal en contra del señor Arias para que la justicia actúe».… pic.twitter.com/At9leQx0cO
— 360 Radio (@360RadioCo) May 30, 2025
¿Violación al Código Penal?
Según Galán, estos hechos podrían constituir violaciones al Código Penal colombiano, en tanto generaron perturbaciones masivas a la movilidad en la ciudad, afectando el derecho fundamental de libre circulación.
“Mientras algunos negaron estar detrás del paro, otros confiesan abiertamente haber convocado acciones que pueden configurarse como delitos, como la obstrucción de vías públicas o el sabotaje a un servicio esencial”, recalcó.
No obstante, Morales le recordó que el informe de la Comisión Interamericana no es vinculante y que las leyes colombianas siguen siendo la autoridad principal en estos casos. A esto, Arias respondió: “Somos parte de la Corte Interamericana y hemos aceptado sus protocolos. En el pasado, esos fallos han tenido aplicación directa en Colombia, como sucedió con el caso Petro”.
Paro nacional en Bogotá: Carlos Fernando Galán demanda a Fabio Arias por obstrucción del transporte público
El miércoles 28 de mayo, TransMilenio reportó bloqueos simultáneos en puntos estratégicos de Bogotá, entre ellos:
- Portal de Suba
- Portal Américas
- Estación Banderas
- Calle 26 con carrera 33
- Avenida NQS con calle 45
- Avenida Caracas en Usme
- Portal de la calle 80 en Engativá
Estas acciones afectaron a más de 2,1 millones de usuarios, en su mayoría trabajadores, estudiantes y personas que dependen del sistema de transporte para realizar sus actividades diarias. El Distrito reportó también demoras operacionales, alteraciones en rutas troncales y alimentadoras, así como un aumento en la congestión vehicular.
Por qué es importante: La decisión del alcalde marca un punto de tensión entre el derecho a la protesta social y el cumplimiento de la ley. Mientras sectores sindicales y sociales defienden el paro como un acto legítimo de manifestación, la Alcaldía insiste en que no puede tolerarse la afectación de servicios públicos esenciales ni acciones que vulneren derechos de terceros.
Galán enfatizó que el propósito de la denuncia no es criminalizar la protesta, sino sentar un precedente ante lo que considera una acción concertada para obstruir la movilidad de millones de ciudadanos.
“Aquí no se trata de perseguir ideologías o impedir manifestaciones pacíficas. Se trata de identificar y sancionar hechos concretos que vulneran la ley y afectan gravemente a la ciudadanía”, subrayó.
Hasta el momento, la CUT no ha emitido una respuesta oficial frente al anuncio de la denuncia. Sin embargo, sectores afines al sindicalismo ya han comenzado a manifestar su rechazo a lo que consideran una “estrategia de intimidación” desde la administración distrital.
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