EDITORIAL
Nuestro editorial para el día de hoy aborda una pregunta bastante profunda e importante para la sociedad, quizá muchos no se la hayan formulado pero desde otra perspectiva sí habrán cuestionado: ¿por qué en Colombia se hace una reforma tributaria cada dos años, y qué podemos hacer para evitarlo?
Para ello toca tomar de primera mano varios elementos que pueden no ser cómodos, no son populares, no son fáciles y son políticamente incorrectos. Pero como todo en la vida y aplica para todos los escenarios, en oportunidades lo que se debe hacer no es lo que todos quieren y lo que dicta la realidad no es lo que muchos quieren ver o escuchar.
A nivel económico, fiscal, tributario y sobre todo social podríamos partir de algunos preceptos incluso filosóficos para justificar que en un Estado todos tienen que contribuir para obtener beneficios generales, concretos y de largo aliento enfocados con el fin de que permitan que la sociedad disfrute de una distribución eficiente y equitativa.
Para hacerlo fácil y entendible: si en una casa trabajan dos personas de siete que conviven allí, todos estando en edad productiva, va a llegar un momento en que esa descompensación e inequidad va a pasar factura de alguna manera, como por ejemplo una quiebra, lo que ha pasado en Colombia hace más de 15 años.
Todos los presidentes han puesto su agenda política y los intereses personales han estado primero que los intereses del país por distintas razones: porque han buscado su reelección, porque han buscado figurar con buenos números en las encuestas, porque han querido evitar bloqueos, protestas y marchas, y porque no quieren generar ruido. Así, se han pasado la pelota del uno al otro y nadie atiende lo que tiene que atender.
La frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, al parecer a nuestros gobernantes se les escapa. Y es que Colombia en la actualidad tiene más de $95 billones de hueco fiscal, es una cifra escandalosa y que no cabe en un significado de finanzas sanas. Sus últimas reformas tributarias han buscado recaudar entre $12 billones y $15 billones, siempre muy por debajo de lo necesario.
Los congresistas no han jugado un buen papel, han sido verdugos de la economía y de la sociedad colombiana, pues van a hacer cabildeo en favor de las empresas que les financian sus campañas. Llegan allí con artimañas, micos y leguleyadas para cambiar, quitar, poner, regular, artículos y luego ir a cobrar.
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El gobierno ejecutivo también ha omitido la reforma estructural por simple temor, una reforma que se debe hacer aunque dolería pues sería dura, que toca a todos los colombianos pero sería una única reforma que garantizaría por lo menos siete años de una estabilidad que se traduciría en seguridad económica, tributaria y jurídica para los inversionistas, empresarios y mercados internacionales. Garantizaría una estabilidad en las finanzas públicas.
Pero nada de esto ha sucedido porque Colombia ha adoptado la siguiente narrativa: que las empresas son ricas, que las personas no tienen que pagar impuestos, que se deben incrementar siempre los subsidios, y que se debe espantar a los ricos.
Esas cuatro premisas son peligrosas porque Colombia sigue siendo el país, al menos del club de la OCDE, en el que las empresas pagan los impuestos más altos; teniendo la tasa corporativa más alta. Son las personas las que tienen que pagar más impuestos y no las empresas, porque estas últimas en mención no son las ricas, son las personas. Pero en Colombia aumentar la base gravable parece un imposible.
Los colombianos que tengan un trabajo formal y ganen un salario deberían declarar y pagar renta. Pero lo cierto es que en Colombia la mayoría de los ciudadanos no saben la diferencia entre declarar y pagar renta. Que paguen una renta diferencial, progresiva, que se pague anualmente desde $15.000 quienes menos devengan y quienes más ganan paguen un porcentaje justo, que sea consecuente con sus ganancias, con sus ingresos, con su estabilidad económica, y que el colombiano en quiebra lo demuestre para que no pague ningún impuesto. Si todos no aportamos será imposible mantener la ecuación de que el 30 % de los colombianos pagan impuestos para mantener al 70 %.
Las decisiones de impuestos indirectos y directos se tienen que tomar. A nivel de transporte, es inentendible cómo quienes usan motocicleta continúan sin pagar peaje cuando por allí requieren transitar, cómo tampoco pagan rodamiento, cómo existen desfaces en impuestos de IVA, por ejemplo, para vehículos importados de Japón, pues pagan un IVA superior a los demás automóviles, cómo se mantienen exenciones tributarias a sectores económicos sin ninguna razón, cómo el proteccionismo ha ahuyentado la inversión extranjera, cómo Colombia sigue dándose el lujo de regresarle el IVA a los turistas que vienen a nuestro país y cómo un salario mínimo se sigue dictando desde Bogotá para todas las regiones del país.
El IVA tiene que modificarse, tiene que bajarse ese porcentaje por lo menos al 16 % e implementar un impuesto plano, tres tarifas: un 5 %, un 10 % y un 15 %. Tres tipos de bienes, servicios y productos pero que todo esté gravado con un impuesto. Y los colombianos que se informen y no como sucedió con la primera reforma tributaria de este año que se cayó, que salieron a quemarlo todo, a hacer arengas, bloquear vías y cometer actos de terrorismo porque les parecería una reforma muy dura.
Hay un síndrome en algunos colombianos: prefieren el dolor dosificado, de a poco, cuando lo correcto es que en una casa, quienes pueden, aporten, trabajen y reciban beneficios por esto. Que nadie tenga privilegios injustificados, que nadie tenga exenciones sin argumentación y que por una vez en la historia se tomen las decisiones correctas y necesarias, no las que la gente quiere escuchar.