Hemos escuchado con atención la propuesta de una paz total desde hace 12 meses, que hasta hoy contradice cada línea y cada fondo, los números que confirman que Colombia vive una grave crisis de inseguridad.
EDITORIAL
Entre los muchos dilemas, encrucijadas, debates de tercer mundo, etéreos que Colombia ha tenido en los últimos 22 años, realmente está el de la justicia, la seguridad, la paz y la guerra.
Hay una parte del país que piensa que perseguir, capturar y condenar a quienes infringen la ley, a quienes cometen violaciones del Código Penal, a quienes violan las leyes y las normas en un acto inaceptable, injusto, despiadado y violento. Además, consideran que quienes cometen esos delitos son personas que carecen de oportunidades y que merecen que los escuchen, que los eduquen y que primero les dicten unas charlas y les den 3, 5 o 10 oportunidades antes de que reciban una pena punitiva.
Mientras que en el otro radio del país, tenemos un grupo poblacional que dice que hay que investigar a las personas, que hay que darles oportunidades de resocialización y hay que ofrecer unas presencias integrales del Estado como la educación, salud, oportunidades de trabajo, economía y también en justicia.
Se puede decir que otro grupo está inclinado, hacia una persecución masiva, intensa y dedicada a todo quien cometa un delito, a quien infrinja la ley, a quien atenta contra los derechos de otras personas, se le meta a una cárcel, por una cantidad de años hasta que pague sus penas.
Más allá de esas visiones, en las cuales pueden caber todo tipo de colombianos, usted lector, entenderá con cuál se identifica, el debate actual, transita en que lo que el Presidente de la República, Gustavo Petro, nos está diciendo en cada alocución, intervención y trino; es que la paz total está avanzando, el diálogo está surtiendo efecto y que es el primer gobierno que ha logrado ciertos hitos de paz con grupos terroristas como en ELN que nunca antes se habían logrado.
Además, ha dicho que la policía hoy es más humana, que se deben aplicar justicia restaurativa, que sean hechos importantes decomisos de droga saliendo de Colombia, pero todo esto hace un contraste con una realidad que está viviendo el colombiano, tanto en la ciudad, como en el municipio más alejado.
Acá hay un sistema multi crimen que está tan organizado, que no solamente ha duplicado esa capacidad operativa en nombres, sino, en el portafolio de delitos que cometen con total impunidad.
Estas organizaciones saben que en el campo pueden cobrar extorsiones, hacer secuestro exprés, matar reses de ganado, incendiar predios para forzar a que grupos indígenas entren a invadirlos, quemar maquinaria, cometer masacre en los municipios, bloquear vías, todo un arsenal de delitos que vienen cometiendo con más intensidad a medida que pasa el tiempo. Mientras que en las ciudades se viene reproduciendo el fleteo, se viene reproduciendo la extorsión y desde luego, el sicariato.
Esa confrontación de las bandas criminales por cuenta de las rentas ilegales, de los expendios de droga, de las vacunas y el control territorial a nivel de productos y servicios, ha estructurado todas las multinacionales del crimen.
Acá hay dilema, ¿por qué el actual gobierno, un grupo académico, periodístico y político, interpretan que pedir que se combata lo anteriormente expuesto, es ser guerrerista?, ¿es estar del lado de la confrontación?, si lo único que se está buscando, es que se proteja la vida, honra, propiedad privada y derechos de las personas que están dentro de la legalidad y que están viendo amenazado diariamente su vida, su libertad, sus posesiones, su trabajo, su familia, su patrimonio y su tranquilidad.
Nosotros quisiéramos dejar plasmado una reflexión acompañada de una invitación al Gobierno Nacional y es que se serenen a la hora de analizar esto, ha que durante las conversaciones con los grupos criminales lo pongan encima de la mesa y se den cuenta, que por querer hacer la “paz”, están descuidando a millones de colombianos que hoy se sienten vulnerables, desprotegidos, violentados y abandonados por el Estado.
Esto no se trata de dar razón a nadie, se trata de que el Estado proteja a los ciudadanos de bien, que están en la legalidad, que actúa en contra de los criminales y que le permita a la justicia actuar dentro de sus funciones, para que no permitan que ese círculo vicioso se siga alimentando de sangre, dolor y lágrimas de los colombianos.