¿Cuál es el contexto?: El reciente anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la liquidación de la empresa comercializadora y distribuidora de energía Air-e ha desatado una fuerte tormenta jurídica y gremial en el país. Diversos expertos, gremios del sector eléctrico y veedurías ciudadanas han advertido que el decreto o resolución que ordene este proceso podría no firmarse debido al alto riesgo de incurrir en el delito de prevaricato, dado que la medida carecería de un sustento legal sólido bajo la normativa vigente.
La controversia escaló tras las declaraciones del jefe de Estado, quien planteó extinguir la compañía (actualmente bajo toma de posesión de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios) para transferir sus activos y dar paso a una nueva corporación de carácter público en la Costa Caribe. No obstante, asociaciones como la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) y la Veeduría Ciudadana a la Intervención de Air-e —integrada por comités intergremiales y cámaras de comercio de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira manifestaron que dar este paso de manera apresurada viola los procedimientos administrativos y las leyes de servicios públicos (Leyes 142 y 143 de 1994).
El multimillonario limbo financiero que frena la liquidación de Air-e por orden de Petro
La principal advertencia de los analistas radica en que ningún organismo estatal puede ordenar la liquidación de un operador sin resolver previamente las multimillonarias deudas acumuladas con el mercado y sin garantizar un operador de reemplazo que asegure la continuidad del flujo eléctrico. Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, explicó que avanzar en la disolución sin acuerdos de pago explícitos con los generadores equivaldría a un impago forzoso de obligaciones legítimas, lo cual desborda las facultades de los funcionarios a cargo y expone a los firmantes a investigaciones penales por dictar resoluciones contrarias a la ley.
El dato clave: Las deudas acumuladas de Air-e con los generadores y transmisores del mercado energético superan los $2,5 billones de pesos, un hueco fiscal que pone en riesgo la estabilidad del suministro para 1,3 millones de hogares en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Desde el punto de vista procedimental, los sectores jurídicos recuerdan que la intervención forzosa de la Superservicios tiene etapas estrictas que deben cumplirse antes de declarar una invabilidad definitiva. Exigir la fusión inmediata con entidades estatales como Gecelca, como se ha contemplado desde la Casa de Nariño, requiere autorizaciones técnicas exhaustivas por parte de la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia de Industria y Comercio para evitar distorsiones regulatorias o monopolios.
Por esta razón, la Veeduría Ciudadana calificó el anuncio gubernamental como «irresponsable e imprudente», señalando que debilita severamente la confianza de la cadena de suministro eléctrico y eleva el riesgo de un apagón regional. Al no existir estados financieros auditados claros desde el inicio de la intervención en septiembre de 2024, dictaminar una liquidación exprés carece del rigor técnico exigido.
Ante este panorama de incertidumbre, gremios y veedurías han solicitado de manera formal la intervención urgente de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República. El objetivo es supervisar las actuaciones de la Superservicios y evitar que la presión del Ejecutivo derive en una decisión administrativa defectuosa que termine paralizada en los tribunales o provoque un colapso en la prestación del servicio esencial para la población del norte del país.
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