El Hecho: El Tribunal Superior de Bogotá decidirá si prorroga la medida de aseguramiento contra Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, tras la designación oficial de su abogado, Iván Cancino, como ministro de Justicia.
¿Por qué es importante?:El nombramiento de Cancino, quien califica a González de «asilado político», tensiona el tablero judicial y político, ante el riesgo de que el exfuncionario, ahora con su defensor en la cabeza de la cartera, revele información sensible contra el Gobierno.
¿Cuál es el contexto?: González es investigado por el escándalo de la UNGRD, acusado de determinar sobornos por $4.000 millones a congresistas; actualmente permanece en Nicaragua tras recibir asilo político.
¿A quiénes afecta y cómo?: Compromete la estabilidad del presidente Gustavo Petro ante la posibilidad de que González, a través de la nueva posición de su defensa, transforme su proceso judicial en una herramienta de alto costo político.
El dato que no se puede perder: La Fiscalía insiste en prorrogar un año la medida de aseguramiento al considerar a González un participante en las «más altas esferas de corrupción pública».
El caso de Carlos Ramón González Merchán, el otrora poderoso director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), ha tomado un giro que trasciende las salas judiciales para instalarse en el epicentro de la agenda política nacional. Mientras el Tribunal Superior de Bogotá se prepara para definir, si prorroga la medida de aseguramiento que pesa en su contra, una posibilidad empieza a inquietar los pasillos de la Casa de Nariño: el nombramiento de su abogado, Iván Cancino, como ministro de Justicia.
La hipótesis, ventilada en círculos políticos, sugiere un escenario complejo. ¿Qué pasaría si el hombre que lideró el Dapre y que hoy es considerado por la Fiscalía como un «prófugo» de la justicia, contara con su abogado al frente de la cartera de Justicia? La pregunta no es menor, especialmente si se considera que González posee información sensible sobre el engranaje del actual Gobierno. «Carlos Ramón González, como está acreditado en el proceso, salió del país antes de tener cualquier medida de aseguramiento […] para el derecho internacional, él no es un prófugo, él es un asilado político», ha sostenido Iván Cancino en defensa de su cliente.
Iván Cancino, nuevo MinJusticia: el defensor de Carlos Ramón González llega al gabinete
El núcleo de la preocupación presidencial radicaría en la capacidad de negociación que González podría ostentar. Si el exfuncionario mantiene su línea de defensa con Cancino, el Gobierno se enfrenta a una paradoja diplomática y judicial. Un acuerdo de cooperación, bajo la égida de un ministerio liderado por alguien que ya ha calificado públicamente a González como un «perseguido político», cambiaría las reglas del juego. A esto se suma el factor Abelardo de la Espriella, abogado y presidente electo de Colombia, conocido por sus posturas férreas frente al presidente Gustavo Petro y quien ha reiterado en diversas ocasiones su disposición para tramitar una eventual extradición del mandatario si los cauces legales lo permitieran.
Desde la Fiscalía, la postura es radicalmente distinta. La fiscal delegada María Cristina Patiño ha insistido en la necesidad de prorrogar por un año la medida de aseguramiento contra González, dictada en 2025. El exfuncionario está vinculado al monumental escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), investigado por presuntos delitos de peculado por apropiación, cohecho y lavado de activos. Según la acusación, González habría determinado sobornos por 4.000 millones de pesos destinados a los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle.
Por qué es importante: Para la Fiscalía, la situación es clara: se trata de una participación criminal en las «más altas esferas de corrupción pública» que no ha podido materializarse en una captura efectiva, precisamente porque González se encuentra en Nicaragua, amparado por un asilo político que él mismo justifica como una huida ante la «persecución política, judicial y mediática» de la oposición.
El magistrado Fabio Bernal, del Tribunal Superior de Bogotá, tiene ahora en sus manos la decisión que definirá este tablero de ajedrez judicial. Mientras tanto, en los pasillos de la Casa de Nariño se instala una certeza incómoda: el Gobierno se enfrenta al desafío de gestionar el silencio o la cooperación de un excolaborador que, bajo nuevas condiciones políticas y ante una posible defensa desde una cartera ministerial, podría transformar su proceso judicial en una herramienta de alto costo político para el presidente Gustavo Petro.
