Miles de reacciones dejó la moción de vacancia a Dina Boluarte en Perú el 9 de octubre y uno de los más activos ha sido el expresidente Pedro Castillo quien volvió a llamar “usurpadora” a Dina Boluarte, la mandataria que lo sucedió tras su destitución en diciembre de 2022. Pero detrás de esa palabra se esconde una profunda disputa política y constitucional que aún divide al Perú.
El origen de la acusación se remonta al 7 de diciembre de 2022, cuando Pedro Castillo fue destituido por el Congreso tras intentar disolverlo y convocar a nuevas elecciones. El Parlamento alegó “incapacidad moral permanente”, una figura contemplada en el artículo 113 de la Constitución peruana. Ese mismo día, Dina Boluarte —entonces vicepresidenta— juró como jefa de Estado, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el cargo en la historia del país. Desde entonces, Castillo y sus seguidores han sostenido que ese traspaso fue ilegítimo.
La relación entre Pedro Castillo y Dina Boluarte
Para el exmandatario, su destitución fue un “golpe de Estado parlamentario”. Él asegura que el Congreso no cumplió los requisitos constitucionales para su vacancia y que, en consecuencia, Boluarte asumió el poder sin un mandato válido. Desde su detención, ha insistido en que su salida respondió a intereses políticos de las fuerzas de derecha que no aceptaban su gobierno. Por eso, califica a Boluarte como “usurpadora”, es decir, una dirigente que ocupa el cargo sin derecho legítimo.
De hecho, en las últimas horas señaló que: «El 7 de diciembre de 2022 me vacaron ilegalmente sin alcanzar los 104 votos que exige la ley. Hoy, con más de 104 votos, se aprobó la admisión de 4 mociones para vacar a la usurpadora Boluarte. Cuando se apruebe dicha vacancia también con 104 votos o más, se producirá un vacío de poder, momento en el que corresponderá derogar la resolución 001-2022-2023-CR con el que se me vacó inconstitucionalmente y, por lo tanto, se debe restituir mi mandato».
A este argumento se suma el reclamo simbólico de traición. Durante la campaña y en los primeros meses de gobierno, Dina Boluarte afirmó públicamente que acompañaría a Castillo “hasta el final”. Sin embargo, tras la vacancia, no renunció a su cargo y aceptó la sucesión presidencial. Para los simpatizantes del expresidente, ese gesto fue una ruptura de palabra que consolidó la narrativa de usurpación.
La vacancia o renuncia de la usurpadora siempre ha sido una exigencia popular. En ese esfuerzo, los hijos del pueblo derramaron su sangre y perdieron la vida por orden de un gobierno de facto.
Hoy, la hipocresía de los golpistas que llevaron a Dina Boluarte al poder, viendo que… pic.twitter.com/3su53yjF3X
— Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) October 9, 2025
En su más reciente mensaje, Castillo acusó de “hipócritas” a las fuerzas políticas que inicialmente respaldaron a Boluarte y que ahora impulsan su destitución. Según él, el país vive una crisis de legitimidad en la que quienes apoyaron el cambio de mando ahora se distancian por conveniencia. Al llamar “usurpadora” a Boluarte, el exmandatario intenta reactivar a sus bases sociales y reivindicar la idea de que el actual gobierno carece de respaldo popular.
No obstante, desde el punto de vista legal, la sucesión de Boluarte se realizó conforme a la Constitución. Al vacar el cargo, el Congreso aplicó el principio de línea sucesoria que otorga la Presidencia a la vicepresidenta. Además, el Tribunal Constitucional y diversas instancias judiciales consideraron que la decisión de Castillo de disolver el Congreso fue un intento de autogolpe de Estado, lo que legitimó su destitución.
El debate sobre si la vacancia fue un acto político o un golpe parlamentario sigue abierto. Lo cierto es que el término “usurpadora”, más que una calificación jurídica, se ha convertido en un símbolo de resistencia y en una herramienta discursiva con la que el expresidente busca sostener su narrativa. En el Perú, donde la inestabilidad política se ha vuelto recurrente, la disputa por la legitimidad del poder continúa siendo el eje de una crisis que aún no encuentra salida.