Es realmente inaceptable que con el paso de los últimos años, el respeto por la ley y el orden se fue al traste por parte de grupos anárquicos y rebeldes que se creen que están por encima de las normas.
Editorial
Colombia es un país bloqueado, eso quizá es lo que mejor nos podría definir. Es rara la semana en la que Colombia no tenga obstruida una vía que conduzca a un aeropuerto, un puerto, un paso de una ciudad a otro o que en un municipio este interceptada una arteria principal, por cuenta de que hizo carrera de que estas actividades se pueden hacer y la Policía no puede actuar.
Esto hizo parte de la narrativa que se instaló desde el 2019 con más fuerza, donde se podía permitir que estas actividades fueran realizadas por delincuentes, porque lo son; pues no muestran sus rostros, atacan a la Fuerza Pública, queman buses y cargas, ocasionan que animales mueran estancados en una vía. Nos podríamos quedar haciendo una larga lista de los perjuicios que un bloqueo trae para un país.
Acá la pregunta es: ¿Por qué el Gobierno colombiano, quien la constitución lo obliga a mantener las vías del país sin bloqueos, despejadas y garantizando la libre circulación, han claudicado?
Ayer en Medellín, por segunda ocasión en menos de un mes, se presentaron grandes bloqueos en la Avenida Regional y en Las Vegas con varios heridos, debido a que un grupo de bandoleros encapuchados y criminales salieron a generar este hecho. La autoridad no intervino e hicieron que miles de personas se vieran perjudicadas en sus desplazamientos, pero nada paso.
Otro de los cuestionamientos es saber ¿Quién protege los derechos humanos de las personas que cumplen la ley, las normas y sus deberes? Sobre todo en este Gobierno que están apegados a los derechos humanos. Lo mínimo que piden los ciudadanos es poder ejercer sus derechos de poder salir de su casa hacia el trabajo o a la universidad sin ningún bloqueo o sin poner su vida en riesgo. ¿Por qué los derechos de los criminales hoy están por encima de las personas trabajadores?
Es preocupante este precedente que se está creando. Nosotros lo consideramos de suma gravedad y entendemos la impotencia de las autoridades locales, e incluso, por directrices del pasado, quienes les indiquen que no actúen y que permitan que los bloqueos secén solos.
Nos parece una posición cobarde, irrespetuosa y que debilita al Estado de una manera grave. Nuestra solidaridad con las personas que se ven afectadas, no solo en Medellín sino en Bogotá, pues en la capital del país tenemos la recurrencia de los “estudiantes” de la universidad pedagógica que cada 15 días salen a tirar papas bombas y a bloquear las vías perjudicando a miles de ciudadanos. Lo mismo podríamos hablar del Portón de las Américas y de otros puntos.
Invitamos a las personas a que exijan al Estado que garanticen sus normas y derechos humanos, porque hoy es el Gobierno y estos criminales los que están violando los derechos de los ciudadanos que cumplen las leyes en Colombia, y no creemos que a esta presidencia le guste quedar como un Gobierno que violó los derechos humanos.
