¿Cuál es el contexto?: El panorama para el sistema de salud en Colombia suma una nueva y preocupante variable financiera. En su más reciente balance sobre las finanzas del país, la Contraloría General de la República lanzó una contundente advertencia al revelar que el presupuesto destinado a la inversión en salud pública registra uno de los niveles de ejecución más bajos en lo que va de la vigencia fiscal, alcanzando apenas un crítico 9,48%.
Este rezago sitúa a la salud, junto al sector transporte que reporta un avance del 10,8%, en el sótano de la ejecución del Presupuesto General de la Nación (PGN). Según el organismo de control, la baja velocidad en el flujo de estos recursos no solo paraliza proyectos clave de infraestructura y dotación hospitalaria, sino que restringe la respuesta institucional y traslada una presión financiera asfixiante a las redes territoriales de atención y a los programas de salud pública.
¿Por qué se frenó la inversión pública en salud?: El millonario déficit fiscal que jaquea al sistema
La parálisis de la inversión sectorial no es un hecho aislado; responde a una encrucijada macroeconómica mayor que mantiene en jaque la caja del Estado. El informe de la Contraloría detalla que el PGN aprobado para este año asciende a los $555,72 billones. Sin embargo, con corte al pasado 16 de junio, la tesorería pública únicamente había logrado recaudar $252,68 billones.
Existe una brecha de financiación equivalente al 54,5% del presupuesto global. Alrededor de $303 billones aún no cuentan con fuentes efectivas de ingresos para completarse, lo que condiciona severamente el margen de maniobra del Gobierno Nacional para sostener sus programas bandera.
Este desfase estructural obedece primordialmente al desplome en las expectativas de recaudo tributario. Aunque inicialmente el presupuesto se estructuró bajo una ambiciosa meta de impuestos de $321,46 billones que incluía el recaudo de emergencias económicas previas cuyas medidas ya perdieron vigencia, el propio Ministerio de Hacienda se vio obligado a recortar esa proyección en su reciente actualización del Marco Fiscal de Mediano Plazo, fijándola en $294,28 billones.
Incluso bajo este nuevo panorama moderado, las cuentas no cuadran. A mediados de junio, el recaudo tributario real se ubicaba en $138,17 billones, reflejando un hueco fiscal de aproximadamente $32 billones en comparación con el comportamiento estacional esperado para esa fecha.
Frente a este escenario de vacas flacas, el ente de control es categórico: si el Ejecutivo no consigue inyecciones urgentes de capital, se verá obligado a implementar una drástica tijera al gasto público, realizando un recorte inmediato de por lo menos $27,18 billones para evitar el colapso de las cuentas fiscales.
Mientras la inversión social se frena, las obligaciones financieras avanzan a toda marcha. El servicio a la deuda pública se consolidó como el rubro con mayor dinamismo dentro del PGN, devorando un 47,1% de su asignación, una velocidad muy superior al funcionamiento (41,4%) y notablemente mayor a la raquítica inversión general (29,1%). Además, las cuentas pendientes del año anterior continúan asfixiando la disponibilidad de caja actual: a mayo de este año, todavía permanecían congeladas y sin pagar el 48% de las reservas presupuestales de inversión constituidas en el periodo previo.
La Contraloría concluyó advirtiendo que, debido a que este es el último Marco Fiscal de la administración actual, el reto de sanear de raíz el déficit estructural y devolverle sostenibilidad a las finanzas del país recaerá directamente sobre el próximo Gobierno. Este desafío no se solucionará únicamente recortando gastos o elevando impuestos, sino diseñando políticas de choque que dinamicen la economía y expandan el PIB potencial de Colombia a mediano plazo.
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