La primera línea tirando piscina en la Universidad de Antioquia

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Por: Andrés Julián Rendón

La reciente situación vivida en la Universidad de Antioquia -UdeA-, con la presencia en el campus universitario de un campamento criminal por más de un mes, debe llamarnos a serias reflexiones y ojalá a cambios urgentes. Ignorarlo, no hablar de eso y hacerse el loco, como hicieron muchos en Antioquia, no significa que no pasó.

Un grupo de cerca de 30 personas tuvo una vida de club social con 28 hectáreas a su disposición, de vacaciones recreativas por todo lo alto:  instaló carpas, cocinó, durmió, bailó, nadó en las piscinas,  tomó el sol, usó y se apropió de toda la infraestructura del Alma Mater de los antioqueños*. Hasta  habitantes de calle vivieron durante este tiempo en el campus mientras profesores y estudiantes esperaban indefensos e impotentes el inicio de clases.   ¡Qué descaro!

Cuando por fin todos decidieron irse, luego de un mes de ocupación ilegal, el rector de la UdeA agradeció los buenos oficios de la ONU, resaltó que se logró gracias a una salida negociada y anunció que cuantificarán los daños que sufrió la universidad.  Los dejaron ir sin ninguna sanción social o penal.  Las afectaciones en la infraestructura y para el bolsillo de la universidad son grandes.  No nos contaron, por ejemplo, que el examen de admisión de miles de aspirantes no lo pudieron hacer en el campus y que debieron asumir esa logística en otros escenarios porque la toma ilegal no lo permitió.

Pero el daño más grande que le hicieron a la universidad y a toda Antioquia es el de la impunidad.  De que el que la hace no la paga, que las instituciones se pueden maltratar y no pasa nada.  Un ejemplo terrible para una comunidad universitaria. Una herencia maldita, un espiral que no se detiene bajo la figura de la “autonomía universitaria”.  No se entiende que en la UdeA  pululen las ventas ambulantes; el intercambio y consumo de droga se haga a la vista de todos; y que exista negligencia para actuar ante “estudiantes” que llevan hasta 20 años en estos centros de educación superior, saltando de un programa a otro, con mal desempeño académico, pero reclutando para el terrorismo a jóvenes incautos y viviendo de las rentas del microtráfico.

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Es incompresible que el Gobernador (E), quien está protegido para que asuma los riesgos que indefensos no pueden, no hubiese sacado a estos ocupantes al día siguiente.

Como Secretario de Gobierno Departamental, con el gobernador Luis Alfredo Ramos, ante la pasividad del rector del momento frente al crimen y luego de un atentado para “volar” la biblioteca, decidimos poner el Esmad al frente de la UdeA y así proteger a la comunidad universitaria y las actividades académicas.  Santo remedio.  La medida fue disuasiva  para individuos que estudiaban gratis pero que le hacían terrorismo al “estado opresor”.

Necesitamos rectores en las universidades públicas comprometidos con la excelencia académica y con la seguridad de todos los integrantes de la comunidad universitaria. Nos urge tener integrantes de consejos superiores dispuestos a hacer de estas instituciones centros de verdadera formación, investigación, innovación; generadores de movilidad social. No dejemos por más tiempo los centros de educación superior públicos a la deriva, en manos del hampa y el terror.

Termino con esta anécdota: hace unos meses en una cita odontológica con profesionales ilustres egresados de la universidad pública, me contaron cómo la “causa rebelde” les sedujo en los primeros semestres, “hasta que vimos a unos estudiantes eternos encapucharse y hacer terrorismo.  Nos sentimos utilizados y nunca más marchamos”.

Y la próxima vez a tirar piscina a otra parte. ¡La UdeA se respeta!.

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