La procuraduría abre formalmente una investigación contra el senador Gustavo Bolívar por financiar la primera línea en las protestas pasadas; el congresista hizo una colecta para darles a los manifestantes una serie de elementos de protección, escudos, guantes, cascos y gafas.
Por: Redacción 360 Radio
La Procuraduría será quien lleve esta investigación en marcha sobre el senador Bolívar, quien deberá declarar ante el órgano para establecer si habría o no infringido en los cánones disciplinarios en el momento de financiar el funcionamiento de los jóvenes manifestantes de la llamada primero línea.
La determinación fue tomada por la sala de instrucción disciplinaria del Ministerio Público, esto después de haberse analizado una queja interpuesta, en la cual se explica que el congresista realizó una colecta a través de la Fundación Manos Limpias, para apoyar con elementos de protección a los jóvenes de la primera línea; cascos, gafas, guantes, escudos, etc.
Esta sería una de las principales pruebas contra el senador, y la Procuraduría llamará a declarar a Bolívar para que cuente su versión de los hechos por los que se le acusa. El ente investigador deberá establecer si existe mérito o no para llevar esta investigación a otras instancias.
El senador Bolívar además deberá probar que dichos elementos fueron utilizados como protección personal por parte de los manifestantes, y que no fueron usados para prácticas ilícitas que atentaran contra otros ciudadanos o contra los bienes del Estado. La procuraduría ha expresado que solicitará un informe sobre lo recolectado por Bolívar, el dinero total que se les entregó, y la forma de inversión de dichos recursos.
Pedirá a la Policía un informe sobre si en las manifestaciones que se presentaron en Bogotá, durante el 2021, se presentaron desmanes en la denominada primera línea y detallar cada uno de ellos.
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Cabe recordar que la queja interpuesta por la activista Juanita Cataño, solicita a la Procuraduría que investigue al senador por incurrir en una presunta falta gravísima porque considera que el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas recae en el Estado y por tanto está prohibido «la creación, promoción, instigación, organización, instrucción, apoyo, tolerancia, encubrimiento o favorecimiento, financiación o empleo oficial y/o privado de grupos civiles armados organizados con fines ilegales de cualquier tipo», se expresa en la queja interpuesta por la activista.