La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos en contra de doce miembros de la junta directiva, gerente y representantes legales de Bioenergy para el periodo 2012 – 2017.
Por: Redacción 360 Radio
Los funcionarios de ese momento deben responder por presuntas irregularidades en la construcción de la planta de etanol ‘El Alcaraván’ en Puerto López (Meta).
De acuerdo con el Ministerio Público, las anomalías habrían generado un detrimento patrimonial cercano a los 41.125 millones de pesos. Las supuestas irregularidades radican en que los directivos omitieron suspender un contrato de suministro con Riopaila Castilla, lo que ocasionó el pago de indemnizaciones por reprogramación en la producción de caña de azúcar.
Todo habría sucedido pese al retraso en la ejecución de la planta de producción. Otra línea de investigación tendría que ver con un aparente detrimento de la compañía por pagar cánones de arrendamiento de predios para la siembra de caña de azúcar que no estaban siendo cultivados por Bioenergy.
La procuraduría pidió explicaciones por supuestas autorizaciones de aumento salarial a los cargos de obrero de servicios generales y oficial civil, a pesar de “existir un ofrecimiento económico para el otorgamiento del contrato de obra civil, por parte del Consorcio Menegua, lo que se habría podido constituir en un detrimento para Bioenergy, por cerca de 4 millardos (miles de millones).
Además, investigan posibles irregularidades en el proceso de selección para “contratar la obra civil, construcción y montaje electromecánico, instrumentación y pre-alistamiento de la planta, en el segundo semestre de 2014, en donde finalmente fue escogido el Consorcio Menegua”.
Los exfuncionarios podrían haber desconocido el Manual de Contratación de Bioenergy, que señalaba que debía propender por el buen funcionamiento de la empresa.