Procuraduría investiga posibles irregularidades en proyecto de innovación empresarial del sector cacaotero en Guaviare, tal parece que el convenio fue financiado con recursos del Sistema General de Regalías.
Por: Redacción 360 Radio
La Procuraduría General de la Nación, formuló un pliego de cargos contra los gerentes de Instituto de Fomento y Desarrollo Económico del Guaviare, IFEG, Graciela Arias López y José Vicente Urquijo Sedano, por posibles irregularidades relacionadas con un convenio de cooperación que supera los $ 7 mil millones.
Además está investigación también relaciona a la entonces representante legal de la firma interventora Unión Temporal Cacaos del Guaviare, Ayllen Cristhie Vázquez Cruz.
Según la entidad, esta investigación fue llevado acabo por hechos relacionados con un contrato celebrado en 2018 con la Unión Temporal Cacaos del Guaviare para realizar la interventoría de un convenio de cooperación cuyo objeto era aumentar el nivel de innovación empresarial del sector cacaotero.
Al parecer, la exgerente del IFEG Arias López habría violado los principios de transparencia y selección objetiva al suscribir los estudios previos y contratar de forma directa la interventoría para ese convenio de innovación, y no hacerlo a través del concurso de méritos, como lo exigía la ley en este caso.
Además, también se investigara al entonces gerente del IFEG, Urquijo Sedano, quien durante el tiempo que asumió la supervisión del convenio de cooperación, celebrado con la Corporación Educativa y Científica Cosmos, no habría tomado acciones frente a los presuntos incumplimientos del contratista, luego de recibir los informes de la interventoría que advertían parte de la situación.
Durante la interventoría habría concedido reprogramaciones, autorizado cambios en la ejecución del proyecto, validado documentos y avalado modificaciones estructurales respecto al objeto, generando presuntamente, un detrimento patrimonial, tomando en cuenta que parte del proyecto fue financiado con recursos del Sistema General de Regalías.
La Procuraduría calificó estas conductas objeto de investigación como gravísimas a título de culpa gravísima.
Lea también: La Procuraduría abrió investigación disciplinaria a 10 concejales de Bogotá