Procuraduría cita a INVIAS, la ANI y MinTransporte ante la desfinanciación de los proyectos de infraestructura vial del país

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Ante las constantes demandas que generaría la congelación en los reajustes de las tarifas de peajes, a cargo INVIAS y la ANI, la Procuraduría prendió las alarmas ante los proyectos viales del país.

Por: Redacción 360 Radio

Durante este martes, la Procuraduría citó a mesa de seguimiento al INVIAS, la ANI y al Ministerio de Transporte para que den explicaciones sobre el impacto negativo de la medida en el bolsillo de los colombianos y los planes de contingencia al respecto.

Ante las demandas que generaría la congelación en los reajustes de las tarifas de peajes, a cargo del Instituto Nacional de Vías- INVIAS- y de la Agencia Nacional de Infraestructura- ANI-, la Procuraduría expresó su preocupación ante proyectos de infraestructura de transporte que podrían ponerse en riesgo, generando una inseguridad en el mercado financiero que permite la sostenibilidad de los proyectos viales de 4G y 5G.

Ante el caso, se expusieron los mecanismos para el reconocimiento de los ajustes de tarifas de peajes y la posible planeación y estimación de partidas presupuestales necesarias para garantizar los servicios relacionados con la infraestructura vial del país, con la participación del Invías, ANI, Mintransporte, Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Minhacienda y la Cámara Colombiana de la Infraestructura.

Entre los riesgos detectados se encuentran el enorme déficit de aproximadamente 900 mil millones de pesos que se dejaron de percibir por concepto de recaudo de peajes en el año 2023, lo que puede desencadenar las demandas en contra del Estado por el incumplimiento en los compromisos contractuales y la ausencia de confianza en el mercado de la infraestructura, afectando las finanzas de los colombianos.

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En su actuación preventiva, la Procuraduría exhortó a las entidades a trabajar en conjunto para dar celeridad en la ejecución del plan de choque y anunció que continuará velando por las garantías para el desarrollo de la infraestructura vial en el país y evitar un detrimento patrimonial que afecte a todos los ciudadanos, enviando un mensaje de seguridad jurídica y financiera.

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