Procuraduría suspendió a Luis Guillermo Pérez, superintendente de Subsidio

La Procuraduría suspendió al superintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez por modificaciones realizadas a la lista de elegibles para los cargos de director administrativo.

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La Procuraduría ha tomado medidas disciplinarias contra el Superintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez Casas, debido a dos situaciones distintas. En primer lugar, se le ha suspendido provisionalmente por tres meses, y se le ha imputado un cargo disciplinario por haber modificado la lista de elegibles para cargos de director administrativo y agentes interventores de las cajas de compensación, sin justificación constitucional, legal o reglamentaria. Esto habría permitido la designación de una persona no calificada para el cargo en la Caja de Compensación Familiar del Huila.

El Ministerio Público sostiene que estas acciones del Superintendente Pérez Casas han desconocido principios fundamentales como la igualdad, la legalidad y la moralidad al alterar los requisitos originales de la convocatoria y permitir la inclusión de candidatos que no cumplían con los requisitos iniciales.

Además, se ha formulado un segundo cargo disciplinario en su contra por solicitar a las cajas vigiladas un aporte en dinero para la población de Buenaventura, Valle del Cauca. Aunque esta solicitud tenía un propósito altruista, se argumenta que el funcionario no podía solicitar contribuciones diferentes a las legalmente ordenadas por la ley, que se destinan a la administración de los recursos parafiscales del Sistema del Subsidio Familiar, el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social y el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

¿Qué más dice la Procuraduría?

El órgano de control argumenta que esta solicitud se podría entender como una orden para las cajas de compensación debido a la función de supervisión y control que Pérez Casas ejercía sobre ellas. Según el Superintendente, al 9 de diciembre de 2022, ya se habían recibido aportes que superaban los 900 millones de pesos, y se esperaba alcanzar la cifra de mil millones de pesos para el 15 de diciembre de ese mismo año.

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La Procuraduría ha calificado estos cargos disciplinarios como faltas gravísimas cometidas a título de dolo. Esto significa que consideran que las acciones del Superintendente fueron deliberadas y con pleno conocimiento de su ilegalidad o inadecuación, lo que podría tener consecuencias graves para su carrera y su función pública.

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