La propuesta de exigir pruebas mentales y toxicológicas a quienes aspiren o lleguen a cargos políticos en Colombia volvió a abrir el debate sobre los requisitos que deberían cumplir los funcionarios que toman decisiones clave para el país.
La iniciativa plantea que quienes busquen ocupar posiciones como el Congreso o la Presidencia de la República deban demostrar condiciones óptimas no solo en términos legales, sino también en su estado mental, emocional y físico, con el fin de garantizar que el ejercicio del poder se realice con plena responsabilidad.
Plantean exigir pruebas de aptitud a candidatos al Congreso y la Presidencia
El planteamiento ha tomado fuerza en medio de cuestionamientos ciudadanos sobre la idoneidad de algunos dirigentes y el impacto que pueden tener sus decisiones en el rumbo institucional, económico y social del país. Para sus promotores, la política no debería estar exenta de controles mínimos que sí existen en otras actividades de alta responsabilidad.
En este sentido, el aspirante a la Cámara de Representantes por Antioquia, Andrés Felipe Gaviria Cano, uno de los candidatos más jóvenes en la presente contienda electoral para el Congreso de la República, se realizó diferentes preguntas sobre el estado de las personas que dirigen o van a dirigir al país.
“¿A quiénes estamos eligiendo para que conduzcan los destinos de nuestro país? El Congreso. ¿Será que somos capaces de exigirles a ellos pruebas toxicológicas? ¿Cómo van a trabajar? ¿En qué disposición están? ¿En qué se meten? ¿A qué horas? ¿Con qué tipo de condición mental y anímica están tomando las decisiones? Yo creo que todos los colombianos estamos claros en una cosa. Queremos a los mejores, necesitamos a los mejores y sobre todo, buenas personas, buenos seres humanos”, expresó el candidato Andrés Felipe Gaviria Cano.
Desde este enfoque, se argumenta que así como pilotos, conductores de transporte público o funcionarios de seguridad deben cumplir evaluaciones periódicas, quienes dirigen el Estado también deberían someterse a revisiones que garanticen que se encuentran en condiciones adecuadas para ejercer sus funciones.

La discusión incluye la posibilidad de aplicar exámenes toxicológicos y evaluaciones psicológicas, no como un mecanismo de persecución política, sino como una herramienta preventiva que permita fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.
Este debate no es nuevo en el país. En el pasado, el representante a la Cámara Jhon Jairo Berrío, del partido Centro Democrático, presentó un proyecto de ley con el que buscaba facultar al Congreso para solicitar pruebas toxicológicas al presidente en ejercicio, como una forma de verificar su capacidad para cumplir con las responsabilidades del cargo.
Dicha iniciativa proponía modificar el artículo 313 de la Ley 5ª de 1992, incorporando un parágrafo que permitiría al Legislativo requerir estos exámenes y, en caso de resultados adversos, otorgar una licencia temporal mientras el mandatario adelantaba un proceso de recuperación, conforme a los mecanismos constitucionales.
Aunque esa propuesta no prosperó, su presentación dejó abierto un debate jurídico y político que hoy vuelve a tomar vigencia, especialmente frente a la exigencia ciudadana de mayores estándares éticos y de control sobre el poder público.
Por ahora, la discusión se instala nuevamente en la agenda pública de la mano de Andrés Felipe Gaviria Cano, en un momento en el que crece la presión social por una política más transparente, con dirigentes preparados, equilibrados y capaces de asumir con responsabilidad las decisiones que afectan el futuro del país.
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