El senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, presentó seis propuestas para construir un nuevo acuerdo con las Farc.
Por: Verónica Gaviria Carvajal.
Propuso ajustar las zonas de reserva campesina y el predial rural, pues considera que afectan la propiedad privada. También expresó que la restricción de movilidad no es suficiente para los responsables de los delitos crueles y que no debe haber amnistía para delitos relacionados con el narcotráfico.
Por otro lado, pidió alivio judicial para la Fuerza Pública e insistió en que la elegibilidad política para responsables de delitos crueles va contra la Constitución. Sin embargo se mostró de acuerdo con que les perdonen la extradición si hay sanción en Colombia. También precisó que el Estado no le puede dar dinero al partido que cree las Farc cuando no les han exigido que entreguen el dinero del narcotráfico.
De acuerdo a opiniones declaradas en el periódico El Colombiano por Juan Antonio Zornoza, director del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional (Medellín), dijo que las ZRC viabilizan una forma de propiedad, la colectiva para campesinos, y no comprende cómo esta figura “acabe” con la propiedad privada.
“Hace poco el Congreso aprobó la ley ZIDRES, que le permite a terratenientes y a multinacionales adquirir y explotar baldíos. Aquí, en el fondo lo que se está proponiendo es un mecanismo constitucional para combatir puntualmente la concentración de la tierra y los índices vergonzosos de desigualdad”.
Sobre las granjas agrícolas Zornoza agregó que son una alternativa constitucional y que a quien toca consultarles si están de acuerdo es a las Farc. Agregó que el alivio judicial a militares es una alternativa justa, siempre y cuando cada proceso devele la verdad y se castigue a los autores.
“Es preciso ajustarse al Derecho Internacional Humanitario, desconocer a la CPI deja sin sustento normativo a la contrapropuesta de Uribe. Comparto de que no haya extradición si hay penas en Colombia. Me parece justo que todos los condenados por delitos de lesa humanidad pierdan sus derechos políticos”, precisó Zornoza.
Frederic Masse, director del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales de la Universidad Externado, afirmó que no sabe a qué se refiere el expresidente con renegociar las ZRC, si es la extensión, el número o funcionamiento.
“Nadie está pidiendo que los jefes guerrilleros vayan 20 años a la cárcel, pero creo que es una línea que las Farc difícilmente pasen, así sea uno o dos años. También está la propuesta de Marta Lucía Ramírez, de colonias agrícolas, para endurecer la restricción a la libertad efectiva”.
Sobre la elegibilidad política Masse dijo que un punto intermedio es que la tengan una vez hayan cumplido con sus penas. Pero consideró que las ventajas que tendrían las Farc son temporales y les dan garantía de inclusión. Además, que las 16 curules de la jurisdicción de paz no será necesariamente todas para los guerrilleros de las Farc.
“Las propuestas del expresidente Uribe no son solo rectificaciones que puedan hacerse rápidamente. Por el contrario son líneas rojas y será difícil llegar a un acuerdo a corto plazo. Algunas son negociables y se flexibilizan, podrían hacerse entre medio y un año”, agregó Masse.
Juan Carlos Rodríguez, director del Observatorio para la Democracia de la Universidad de los Andes, calificó estas propuesta como desalentadoras, porque reflejan una posición maximalista de opositor más que de compromiso por negociar.
“Su actitud es la de alguien que hubiera ganado por un margen abrumador cuando en realidad hubo un empate. Son posiciones que en general serán inadmisibles para las Farc, lo que nos llevará de vuelta al conflicto, a pesar de que el mandato de la ciudadanía es de Paz”.
Para Patricia Muñoz, docente de Ciencia Política de la Universidad Javeriana, dijo que lo más sensible será el tratamiento de las penas y la elegibilidad política mientras que avanzan estos procesos. “Los puntos no son diferente a los que ya había anticipado. Son gruesos y en principio plantean una dificultad en el acercamiento con las Farc”.