El municipio de Jericó en el Suroeste antioqueño fue declarado recientemente como Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en un polígono que abarca 6.348 hectáreas.
La medida oficializada por el Ministerio de Agricultura busca blindar zonas estratégicas para garantizar la seguridad alimentaria del país. Sin embargo, su implementación abre un debate profundo, ¿es una apuesta por la soberanía alimentaria o una restricción que limita las decisiones locales y otros proyectos de desarrollo?
De acuerdo con la resolución emitida, el área se convierte en una determinante de ordenamiento territorial de nivel 2, lo que significa que el municipio y el departamento deberá ajustar sus planes de ordenamiento y proyectos de desarrollo a esta declaratoria. En la práctica, esto implica que cualquier iniciativa pública o privada con incidencia en el uso del suelo tendrá que someterse a los que indica la APPA.
Jericó en debate por APPA, protección alimentaria vs. restricciones al desarrollo territorial
El Gobierno Nacional defiende la medida como una herramienta clave frente al cambio climático y la creciente presión sobre los suelos agrícolas. Según esta cartera pública, la declaración de la APPA permitirá proteger áreas con alto potencial productivo y evitar su transformación en sus urbanos, mineros o de expansión industrial que puedan comprometer la oferta de alimentos en el futuro.
No obstante, desde diferentes sectores de Antioquia surgen voces que cuestionan en que se ha tomado la decisión. Una de ellas es la del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien aseguró que esto se hizo sin conocer el territorio.
“Un planificador central desde el Ministerio de Agricultura, sin conocer el Suroeste de Antioquia, así como sugirió sembrar arroz allí, va a decir que el café no es un alimento y entonces qué pasará, doctor Gilberto, con toda la economía no solo de Concordia, sino de todo el Suroeste de Antioquia”, agregó el gobernador de Antioquia.
El fantasma de la minería y otros proyectos
El Suroeste Antiqueño ha sido escenario de tensiones en los últimos años por la presencia de proyectos mineros, especialmente relacionados con el cobre. La declaración de la APPA en Jericó también se lee como un movimiento que impactará directamente ese debate, pues la norma establece que cualquier iniciativa deberá ajustarse a criterios de protección agrícola.
Para algunos sectores sociales, esto representa un triunfo, pues blinda al municipio de proyectos extractivos que, aseguran, ponen en riesgo la vocación agrícola de este. Sin embargo, para otros sectores políticos y económicos, se trata de un mensaje ambiguo que genera incertidumbre sobre inversiones ya en curso y que podrían contribuir al desarrollo social.
Una medida con dientes jurídicos
La resolución establece que el cumplimiento será de obligatorio acatamiento para autoridades locales y actores privados. Esto significa que licencias urbanísticas, obras de infraestructura o desarrollo industrial en el polígono declarado deberán ajustarse a la condición de área de protección.
La UPRA, junto con el Ministerio de Agricultura, se reserva la facultad de revisar y actualizar el documento técnico de soporte en caso de que exista nueva información cartográfica o técnica, además cada cinco años se evaluará el impacto de la APPA en la producción de alimentos, con posibilidad de hacerle modificaciones al territorio en cuestión.
No obstante, el gobernador de Antioquia le pidió a la Corte Constitucional que estas sean declaradas inexequibles por la intromisión en la autonomía del Departamento. “Rechazamos la intromisión y usurpación del gobierno Petro en la autonomía territorial de Antioquia y de otras regiones del país. Somos el Departamento líder en producción agropecuaria, y hemos demostrado resultados en seguridad alimentaria. La Corte fallará antes de que se termine este año”, expresó Rendón.
Debate abierto en Antioquia
La declaración de Jericó como APPA pone sobre la mesa un debate que se repetirá en otros municipios del territorio nacional. Mientras que el Gobierno Nacional sostiene que se trata de una medida para garantizar la soberanía alimentaria de la nación en las próximas décadas, otras voces dicen que es una violación a la autonomía territorial, además de cuestionamientos si la medida se volvería una camisa de fuerza para el desarrollo y diversificación de la economía.
“Aquí no ha habido, digamos, lugar a la concertación; esto ha querido imponerse por parte del gobierno nacional desde el día uno, y, digamos, en el curso de los canales que se han abierto para nosotros manifestar nuestras apreciaciones, pues realmente ha sido gracias a la interposición de mecanismos judiciales”, expresó Andrés Julián Rendón Cardona, gobernador de Antioquia.
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