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Protesta social, economía y representación política

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La salida de la crisis no da lugar a cálculos políticos ni a discursos populistas que enrarecen la verdadera razón del estallido social.


Por: Carlos Alberto Montoya Corrales

Después de más de un mes de conflictos, en los que se hace explicita la enorme inconformidad de vastos sectores de la población y la precariedad de la capacidad institucional del Estado para ofrecer respuesta a demandas estructurales y diversos fenómenos sociales que hoy alimentan la protesta y las confrontaciones, urge que los gobiernos locales, regionales y el nacional, junto a sectores sociales, salga de las trincheras para buscar consensos racionales y razonables. Se trata de crear espacios para la construcción de la pretendida o real circunstancia de compartir unas premisas socio-políticas asociadas a la promesa de un país, donde los distintos valores y creencias puedan ser vividas en común.

Y si bien, no puede considerarse esta una tarea fácil de alcanzar en los términos que exigen las  condiciones ideales, los caminos por recorrer parecen estar signados por el hecho de que, sin justicia social no es posible que la sociedad colombiana transite por verdaderos escenarios de progreso; igual se trata de dar respuesta a las enormes desigualdades, la tradicional dinámica de  exclusión de pobres, indígenas y afrocolombianos, el enorme desempleo y la creciente informalidad, la falta de oportunidades para la población joven, el deficiente sistema sanitario y de pensiones, las limitaciones del sistema  educativo; las mismas que  necesitan políticas de largo plazo pactadas entre gobiernos, partidos, sociedad civil y las élites económicas del país.

La confluencia  de la protesta social, la economía y la representación política que amenaza con extenderse en el tiempo, muestra que  el orden social colombiano y su carácter excluyente y refractario a los cambios socio-políticos que requiere el país no son sostenibles, y que le corresponde al Gobierno del Presidente Duque aceptar que la respuesta al estallido social requiere acciones concretas que muy seguramente comprometerán el devenir de la institucionalidad colombiana; sus decisiones  constituyen una oportunidad para dejar atrás soluciones estériles a problemas insostenibles que en nada se corresponden con el precepto constitucional de ser este un país con un Estado Social de Derecho.

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Una revuelta contra la dinámica de exclusión, pobreza y falta de oportunidades, sugiere que el trasegar de la economía, la política y la sociedad colombiana no es el adecuado. Urge revisar el modelo económico y desde allí contrarrestar las fallas que se traducen en aumento de la desigualdad, el desempleo y la inequidad. La desigualdad por la que transita Colombia implica que el pasado devora al futuro, y esto es una amenaza potencial para una sociedad que se dice democrática. El hecho de que el desempleo en el país adquiera el carácter de estructural y que por más de una década se mantenga al nivel de dos dígitos, es indicativo de la precaria modernización y la inexistencia de condiciones que permitan mejorar su competitividad y productividad; lo que se contradice con las dificultades para el acceso a la vida laboral de los nuevos profesionales, técnicos y tecnólogos, en quienes recae en gran medida la falta de oportunidades laborales. De otra parte, no puede desconocerse que la justicia social significa equidad, un concepto ético fundamentado en los principios de la justicia distributiva, la misma que indica la distribución equitativa de bienes y responsabilidades, y de la cual se infiere la completa e igual participación de todos los grupos en una sociedad conformada para satisfacer las necesidades de unos y otros, y comprometida con la satisfacción de los derechos inalienables.

La salida de la crisis no da lugar a cálculos políticos ni a discursos populistas que enrarecen la verdadera razón del estallido social. Esta es una oportunidad para que ciudadanía activa junto al gobierno inicien la transformación que se requiere para hacer del Estado Social y de Derecho una realidad; corresponde a los partidos y movimientos políticos de izquierda y de derecha – y de centro, si es que existen- interpretar adecuadamente lo que ocurre, y asumir la responsabilidad que les corresponde; al tiempo que las elites económicas tendrán que aceptar que la sostenibilidad de su economía depende de la sostenibilidad de las instituciones, y que en estas últimas la sociedad civil organizada es determinante  al momento de exaltar la democracia y, por tanto, sus demandas deben ser integradas a las actuaciones empresariales.

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