El ministro de Educación Nacional, José Daniel Rojas Medellín, presentó ante el Congreso de la República el proyecto de ley Acuerdo Nacional por la Educación Superior, una iniciativa ambiciosa que busca modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. Esta reforma pretende asegurar una financiación adecuada y sostenible para las universidades e instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias estatales u oficiales del país.
El contexto que motivó este proyecto se enmarca en el desbalance financiero que han experimentado las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas en las últimas dos décadas. Entre 2000 y 2023, la matrícula en estas instituciones aumentó un 176%, mientras que las transferencias de la Nación solo crecieron un 62% en términos reales, a precios de 2023. Según el ministro Rojas, esta situación ha creado una brecha preocupante que amenaza la estabilidad y calidad de la educación superior pública en Colombia.
Objetivos del Proyecto de Ley Acuerdo Nacional por la Educación Superior
El proyecto de ley propone un horizonte de 15 años para alcanzar una inversión del 1% del PIB en la educación superior, acercándose al promedio de los países miembros de la OCDE. Actualmente, Colombia destina aproximadamente el 0,54% del PIB a este sector, cifra que, aunque ha mejorado en los últimos años, sigue siendo insuficiente.
Además de abordar el tema financiero, la iniciativa también busca mejorar la cobertura educativa. Rojas destacó que la tasa de cobertura bruta en educación superior en Colombia es del 55,38%, muy por debajo del promedio del 80% en otros países. «Este acuerdo nacional, que supera ideologías y estratos, nos une como colombianos y colombianas. La financiación es el primer paso para transformar la educación y garantizar el acceso equitativo a todos», afirmó el ministro.
El nuevo modelo de financiación propuesto contempla un ajuste anual basado en el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) o el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el que sea mayor, y asigna recursos equivalentes al 0,05% del PIB en su primer año de aplicación. Estos recursos se destinarán a la base presupuestal de las ITTU estatales u oficiales y a mejorar la calidad, pertinencia y sostenibilidad de la oferta educativa.
La propuesta también recibió un amplio respaldo de diferentes actores del sector educativo. Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), subrayó la importancia de corregir un sistema que ha condenado a las universidades públicas al desfinanciamiento. «Esta reforma busca garantizar un crecimiento sostenible, ampliando la cobertura y fortaleciendo la infraestructura para asegurar la educación como un derecho fundamental», señaló.
El proyecto ha sido recibido con entusiasmo en diversos sectores, incluidos estudiantes y profesores. Jennifer Pedraza, representante a la Cámara, destacó que la iniciativa cuenta con el apoyo de más de 70 congresistas de todos los partidos, resaltando la movilización social como clave para conquistar derechos.
En resumen, el Acuerdo Nacional por la Educación Superior se perfila como una respuesta estructural a los desafíos que enfrenta la educación pública en Colombia, con el objetivo de garantizar una financiación justa y un acceso equitativo para todos los colombianos.
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