La pandemia nos mostró el poder que pueden llegar a tener los alcaldes y gobernadores y de lo que son capaces de hacer con esa autonomía; pico y cedula, cuarentenas, pico y placa y toques de queda, fueron temas que manejaron a su antojo, en donde muchos parecían más dictadores de república bananera que gobernantes de un ente territorial.
Por: José Miguel Santamaría Uribe
Cuando en la constituyente de 1991 se incluyó la elección popular de alcaldes y gobernadores, se pensó que esta ayudaría a descentralizar las regiones y a darles más autonomía.
No obstante, creo que lo que nunca se pensó fue diferenciar entre entes territoriales dependiendo de su tamaño y sus ingresos propios, lo cual funciona muy diferente en una gran ciudad y un municipio pequeño.
La gran mayoría de los municipios y gobernaciones no tienen autonomía financiera, dependen en gran parte de las transferencias y recursos que la Nación manda, e incluso, las diferencias conceptuales e ideológicas se disipan por la necesidad de recursos.
Cualquier obra importante necesita del concurso y apoyo del gobierno central para llevarlas a cabo.
La mayoría de los alcaldes de municipios de quinta y sexta categoría, que son los más pequeños, pasan más tiempo haciendo fila en la gobernación de turno para conseguir recursos que en su propio municipio gobernando.
De hecho, en Cundinamarca, ya es institucional que todos los alcaldes de los 116 municipios estén los martes en la gobernación buscando recursos y ayudas.
Lo que adicionalmente no tuvo en cuenta la constituyente era el poder local que podrían llegar a tener estos gobernantes, poder que se exacerba a medida que el municipio es más pequeño y pobre.
Esto se debe a que en estos municipios el gobierno municipal es el mayor empleador, muchas veces el único, entonces de este depende prácticamente todo.
Políticamente también hay grandes inconvenientes, pues es común ver el mal trato que el alcalde de turno da a los perdedores en las elecciones.
Fuera de que los recursos son pocos, estos se manejan favoreciendo a sus electores y se deja por fuera de ayudas a las personas y hasta veredas que fueron contradictores.
He visto casos que han llegado al extremo de no prestar la maquinaria amarilla para arreglos de vías en las veredas donde no ganaron. El tema de pesos y contrapesos casi nunca es viable en estos municipios, por lo general el alcalde tiene mayoría en el concejo.
Dado todo lo anterior es importante que los planes de desarrollo de los municipios sean mirados con lupa y se les haga el seguimiento respectivo.
Lo mismo con los contratos y compras, ya que por ahí pueden estar devolviendo los favores de su elección.
No puede seguir pasando que un país como Colombia, con recursos limitados, quede la puerta abierta para que se malgasten los recursos y que la corrupción camine rampante por los municipios más pobres.
Dentro de todas las reformas que necesitamos en el país, también se necesita una que redefina la relación entre los diferentes entes territoriales para que sea más armónica y puedan remar para el mismo lado.
El sistema general de transferencias debe darles más autonomía a las regiones, pero también debe mirar de qué manera los recursos sean utilizados para el bien general y no solamente para su ‘parche’.
En el momento que estos gobernantes son elegidos deben dejar de ser de un partido y convertirse en el dirigente de todos los ciudadanos.
La pandemia nos mostró el poder que pueden llegar a tener los alcaldes y gobernadores y de lo que son capaces de hacer con esa autonomía; pico y cedula, cuarentenas, pico y placa y toques de queda, fueron temas que manejaron a su antojo, en donde muchos parecían más dictadores de república bananera que gobernantes de un ente territorial.
