Santa Marta fue el escenario del anuncio realizado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) este 2 de octubre de 2025, al declarar la caducidad del contrato de concesión No. 003 de 2015 con la Sociedad Portuaria Las Américas S.A., luego de constatar graves incumplimientos en las obligaciones pactadas para la construcción de una terminal marítima.
La decisión conlleva la obligación de resarcir al Estado con US$13.485.257 y la imposición de una inhabilidad de cinco años para que la empresa pueda contratar con entidades públicas.
Panorama general: El presidente de la ANI, Óscar Torres Yarzagaray, sostuvo que el concesionario no ejecutó el plan de inversiones comprometido. “Se trató de un incumplimiento reiterado y sin justificación técnica, lo que nos llevó a iniciar en 2024 un proceso sancionatorio que concluye con esta determinación. Nuestra prioridad es que la infraestructura responda a las necesidades de las comunidades y no quede en proyectos sin desarrollo”, aseguró.
El contrato otorgaba a la sociedad portuaria el derecho de usar temporalmente bienes marítimos de uso público con el propósito de levantar una terminal de graneles líquidos. La obra contemplaba un muelle en forma de “T” de 187 metros, conectado por un viaducto, además de plataformas de servicio, delfines de atraque y ductos especializados para la movilización de productos como aceite de palma, crudo y derivados del petróleo.
Las proyecciones hablaban de movilizar hasta 550.000 toneladas anuales, cifra que hubiera significado un impulso clave para la capacidad portuaria del Caribe. Sin embargo, en los diez años transcurridos desde la firma del contrato, no se ejecutó ninguna de las construcciones previstas.
Puerto en Santa Marta: ANI cancela concesión por incumplimientos y exige pago millonario
Por qué es importante: La resolución expedida por la ANI no afecta al Distrito de Santa Marta, sino directamente al concesionario, pues se trata del ejercicio de una potestad de la administración pública ante el incumplimiento contractual. La entidad resaltó que, además del pago de los perjuicios, la empresa quedará inhabilitada por cinco años, en cumplimiento del artículo 8 de la Ley 80 de 1993.
La Sociedad Portuaria Las Américas, junto con su aseguradora, interpuso recurso de reposición contra la decisión. Mientras se define este trámite, la resolución aún no adquiere firmeza.
El puerto proyectado pretendía diversificar y fortalecer el comercio exterior en la región, generando un espacio de servicio público para exportadores, agencias marítimas, operadores y comerciantes. Con la declaratoria de caducidad, el Gobierno deberá evaluar la forma en que se reasignará la concesión o si se replantea el esquema de inversión para no dejar en el limbo una infraestructura considerada estratégica.
