¿Qué empresas pagarán el nuevo impuesto al patrimonio? Conozca los topes y exenciones

En el marco del más reciente Consejo de Ministros celebrado en la ciudad heroica, el jefe de la cartera de Hacienda, Germán Ávila, entregó las hojas de ruta fiscales para enfrentar la actual emergencia económica. La estrategia del Ejecutivo se centrará en un ajuste al impuesto al patrimonio para personas jurídicas, con un énfasis marcado en los sectores con mayor músculo financiero y extractivo del país.

Panorama general: Según detalló el ministro Ávila, la medida establece una tarifa diferencial del 1,6% dirigida exclusivamente al sector financiero y a las empresas dedicadas a la extracción de carbón y petróleo. Este movimiento busca captar los recursos necesarios para mitigar los estragos causados por deslizamientos e inundaciones que hoy golpean con severidad a ocho departamentos del territorio nacional.

El diseño de este gravamen no es simétrico. Ávila fue enfático al señalar que el objetivo es que quienes poseen mayores excedentes asuman el peso de la recuperación.

“La tarifa para estos sectores sube a 1,6%. Esto implica que cerca del 56% de los recursos que se percibirán por este impuesto provendrán de estas dos industrias, mientras que el 44% restante será cubierto por los demás sectores productivos”, explicó el funcionario.

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Para el resto del tejido empresarial, el Gobierno planteó un esquema más laxo: una tarifa del 0,5% que aplicará solo para aquellas compañías con un patrimonio líquido superior a las 200.000 UVT (equivalentes a aproximadamente $10.474 millones). Debajo de ese umbral, las empresas estarán exentas de este tributo.

El anuncio llega en un momento de alta sensibilidad para la banca. Al nuevo impuesto se suma la intención del presidente Gustavo Petro de implementar inversiones forzosas, un mecanismo que obligaría al sistema financiero a redirigir parte de sus recursos hacia sectores prioritarios para el Estado.

Este doble frente, el impositivo y el de direccionamiento de capital, marca un giro profundo en la relación histórica entre el Estado y las entidades bancarias, generando interrogantes sobre la liquidez y la capacidad de crédito en el corto plazo.

Por qué es importante: Dada la naturaleza de la crisis climática, el Ministerio de Hacienda no dará esperas. La meta de recaudo es de $8 billones, y el cronograma de pagos se ha ajustado para que los recursos ingresen a las arcas públicas en el primer semestre del año.

• Primera cuota (50%): Deberá cancelarse el 1 de abril.

• Segunda cuota (50%): El plazo máximo será el 4 de mayo.

«Estamos en una emergencia y se requieren recursos inmediatos para garantizar la financiación de las necesidades urgentes», concluyó Ávila. El éxito de esta medida determinará si el Gobierno cuenta con el pulmón financiero necesario para reconstruir la infraestructura y atender a los damnificados en las zonas de desastre.

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