El Congreso del Perú ha vuelto a colocar en el centro del debate una figura que, en los últimos años, se ha convertido en símbolo de la inestabilidad política del país: la moción de vacancia presidencial. En esta ocasión, la medida apunta contra la presidenta Dina Boluarte, quien enfrenta un nuevo intento de destitución impulsado por sectores opositores que la acusan de haber perdido la legitimidad y la confianza ciudadana.
¿Qué es moción de vacancia?
La admisión de vacancia es el primer paso formal de un proceso político que podría culminar con la destitución de un presidente. En términos sencillos, significa que el Congreso acepta debatir la solicitud de vacancia presentada por un grupo de legisladores. Para que esa admisión proceda, se necesita el voto de al menos 52 congresistas (el 40 % del total).
Una vez admitida, se programa una sesión especial en la que el mandatario puede ejercer su defensa antes de que el pleno decida, con una mayoría calificada de 87 votos, si declara o no la vacancia presidencial.
🚨Con 113 votos a favor, uno en contra y una abstención el Congreso del Perú acaba de aprobar la admisión de vacancia para la destitución de la presidenta Dina Boluarte por incapacidad moral.
La admisión es el primer paso para la vacancia definitiva. Ahora se citaría a la…
— Félix de Bedout (@fdbedout) October 10, 2025
La Constitución del Perú establece varias causales para declarar la vacancia del cargo, entre ellas la “incapacidad moral o física permanente” del presidente. Esta figura, sin embargo, no está claramente definida en el texto constitucional, lo que ha generado un amplio margen de interpretación política. Aunque en teoría podría aludir a problemas de salud mental o incapacidad para ejercer funciones, en la práctica se ha convertido en un instrumento para cuestionar la conducta ética o política del jefe de Estado.
¿Qué pasa con Dina Boluarte?
En el caso de Dina Boluarte, la moción de vacancia fue presentada por bancadas opositoras que la acusan de “incapacidad moral permanente”. Entre los argumentos figuran el deterioro de su gestión, las muertes ocurridas durante las protestas sociales tras la destitución de Pedro Castillo en 2022, y las investigaciones fiscales en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. Para sus críticos, estos hechos configuran una pérdida total de legitimidad moral para seguir gobernando.
Sin embargo, el tema trasciende lo jurídico. Desde la caída de Pedro Pablo Kuczynski en 2018, el Perú ha vivido una sucesión de crisis políticas impulsadas por el uso del mecanismo de vacancia, que ha derribado a tres presidentes en menos de una década. Para muchos analistas, la figura de la “incapacidad moral” se ha convertido en una herramienta de presión política más que en una medida de control constitucional, lo que agrava la sensación de inestabilidad institucional.
Por su parte, Dina Boluarte ha rechazado las acusaciones y ha asegurado que no tiene intención de dejar el cargo. Su defensa insiste en que el pedido de vacancia carece de fundamentos legales y responde a intereses partidarios. El Ejecutivo ha llamado al Congreso a mantener la gobernabilidad y a concentrarse en las urgencias sociales y económicas del país.
El debate, sin embargo, refleja un problema más profundo: la fragilidad del sistema político peruano, marcado por la fragmentación del Congreso, la falta de partidos sólidos y la desconfianza ciudadana hacia las instituciones. Mientras el país sigue enfrentando problemas de seguridad, inflación y conflictividad social, el espectro de una nueva vacancia presidencial vuelve a proyectar incertidumbre sobre el futuro del Perú.