¿Qué es un magnicidio y cuál es su condena en Colombia?

La muerte de Miguel Uribe Turbay abre un intenso debate jurídico y político: su abogado pide que sea tratado como magnicidio, una figura penal reservada para crímenes de alto impacto contra líderes públicos.

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La reciente muerte de Miguel Uribe Turbay, el 11 de agosto de 2025, ha generado un intenso debate jurídico y político en el país. Su abogado ha solicitado que el caso sea catalogado como magnicidio, una figura penal que implica el asesinato de una persona con alta relevancia política, social o institucional.

En el país, el término magnicidio se usa para describir el asesinato de una figura pública de gran relevancia política, social o institucional. Aunque el Código Penal no menciona literalmente la palabra, este tipo de casos suelen clasificarse como homicidio agravado, especialmente si la víctima es un servidor público, un dirigente político o un líder social de alto reconocimiento.

Ejemplos históricos de magnicidio en Colombia son los asesinatos de Luis Carlos Galán, Álvaro Gómez Hurtado y Jaime Pardo Leal, crímenes que marcaron la historia política del país por su alcance y consecuencias.

¿Cuál es la condena por un magnicidio en Colombia?

El homicidio agravado está contemplado en el artículo 104 del Código Penal, con penas que van de 400 a 600 meses de prisión (entre 33 y 50 años). Cuando la víctima es un servidor público o líder político, los jueces pueden imponer la pena en su máximo rango.

Magnicidio de Miguel Uribe y otros candidatos presidenciales asesinados desde 1948

En casos catalogados como magnicidio, la Fiscalía suele activar protocolos especiales de investigación, considerando el impacto institucional y las posibles motivaciones políticas.

El caso Miguel Uribe y la solicitud de su abogado

Miguel Uribe Turbay, exsenador y excandidato a la Alcaldía de Bogotá, falleció el 11 de agosto de 2025. Su trayectoria política y su presencia activa en el debate nacional han llevado a que su abogado solicite que el caso se investigue como un magnicidio, argumentando que no se trata de un homicidio común, sino de un ataque contra un líder político de proyección nacional.

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Esta petición reaviva la discusión sobre la seguridad de los dirigentes políticos en Colombia y el papel de la justicia frente a crímenes que pueden tener un impacto directo en la estabilidad democrática.

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