El Ministerio de Hacienda radicó en la mañana de este lunes la nueva Ley de Financiamiento, una iniciativa que pretende garantizar recursos adicionales para el Presupuesto General de la Nación 2026 y dar sostenibilidad a las finanzas públicas a mediano plazo. Según el Gobierno, el proyecto busca construir un “gran pacto fiscal” que asegure estabilidad económica más allá del actual periodo presidencial.
De acuerdo con el documento oficial, las medidas tributarias incluidas en la ley generarían $26,3 billones en 2026, equivalentes al 1,4 % del PIB, con una proyección de aumento progresivo hasta superar los $37 billones en 2030.
¿Qué se gravará con la nueva Ley de Financiamiento?
El aumento en los ingresos provendrá principalmente de la reducción de beneficios tributarios y de la aplicación de impuestos a sectores y productos específicos en la nueva Ley de Financiamiento.
- IVA: Se plantea una reducción en exenciones y beneficios que generará más de $1,3 billones en 2026 y hasta $4,8 billones en 2030.
- Combustibles fósiles: Contribuirán $2,6 billones en 2026 y más de $8 billones en 2030, en línea con la estrategia de desincentivar su uso por razones ambientales.
- Juegos de suerte y azar: Se estima un recaudo de $1,6 billones en 2026, con crecimiento sostenido en los siguientes años.
- Renta de personas naturales y jurídicas: La progresividad se refuerza con ajustes que aumentarán la tributación de quienes tienen mayores ingresos y patrimonios.
- Consumo de alcohol y tabaco: Representará uno de los mayores aportes, con $7,8 billones en 2026 y cerca de $10 billones en 2030.
- Tributos ambientales y minero-energéticos: Incorporan nuevas cargas sobre emisiones de carbono y sobre el sector extractivo.
El proyecto de Ley de Financiamiento 2025 plantea una ampliación significativa del IVA. El impuesto se extenderá a bienes y servicios como los juegos de suerte y azar, tanto presenciales como en línea, las cuotas de administración en propiedad horizontal no residencial y los servicios de parqueadero. En el caso de los combustibles, la gasolina y el ACPM tendrán un IVA del 10% en 2026 y 2027, y a partir de 2028 quedarán gravados con la tarifa general.
Los licores, vinos y aperitivos también entrarán en la tarifa general de IVA, con la particularidad de que cinco puntos de ese recaudo serán cedidos a los departamentos para financiar el aseguramiento en salud. Pese a estos ajustes, varios bienes básicos como el trigo, el arroz industrial, los aceites vegetales crudos, el azúcar, el café, las pastas y los productos de panadería se mantendrán con una tarifa reducida del 5%.
En materia de renta, las personas naturales residentes enfrentarán una nueva tabla de tarifas marginales que llega hasta el 41% para las rentas más altas. Las instituciones financieras y aseguradoras tendrán un impuesto de renta del 50%, mientras que las empresas dedicadas a la extracción de petróleo y carbón asumirán recargos adicionales entre el 0% y el 15%, dependiendo del comportamiento de los precios internacionales del Brent y del carbón API2.
Los dividendos distribuidos a extranjeros subirán al 30% y, además, las iglesias y confesiones religiosas deberán tributar sobre las actividades de carácter mercantil que realicen.
El impuesto al patrimonio se reconfigura y aplicará a patrimonios líquidos iguales o superiores a 40.000 UVT (aproximadamente 1.800 millones de pesos), con tarifas progresivas que oscilan entre el 0,5% y el 5%. En el caso de las ganancias ocasionales, la utilidad por la enajenación de activos fijos solo será considerada como tal si estos se han poseído por un periodo mínimo de cuatro años. Para las loterías, rifas y apuestas, se fija una tarifa del 30%.
La retención en la fuente también cambia: se establecen nuevas tablas con tarifas que llegan hasta el 41% para ingresos laborales y pagos por honorarios, medida que entrará en vigor a partir de julio de 2026.
En cuanto al impuesto al consumo, los servicios de entretenimiento, culturales y deportivos quedarán gravados con una tarifa del 19%. Para los vehículos familiares, camperos y pick-ups se establece un esquema diferenciado: los que tengan un valor FOB inferior a USD 30.000 pagarán el 8%, mientras que aquellos con un valor igual o superior a ese monto asumirán una tarifa del 19%.
Finalmente, en el frente ambiental se destacan varias medidas. Se crea un impuesto especial del 1% sobre la extracción de petróleo y carbón, y se fortalece el impuesto nacional al carbono con una tarifa de $42.609 por tonelada de CO₂ a partir de 2026.
En el caso del carbón térmico, la tarifa se aplicará de manera gradual: 40% en 2026, 60% en 2027, 80% en 2028 y el 100% a partir de 2029. Algunas zonas del país, como la Amazonía y ciertos municipios del Chocó, quedarán exentas del cobro para gasolina y ACPM. Además, se introducen incentivos tributarios como la posibilidad de deducir hasta el 50% de las inversiones en proyectos de energías renovables mediante la emisión de bonos de transición energética.
Un pacto fiscal con visión de futuro
El ministro de Hacienda aseguró que la Ley de financiamiento no busca afectar a la canasta básica familiar, sino concentrarse en sectores con mayor capacidad económica y en productos nocivos para la salud y el ambiente. “Estamos garantizando la estabilidad fiscal y macroeconómica del país para el próximo gobierno, independientemente de quién sea el resultado electoral”, señaló.
Además, el Ejecutivo resaltó que con estas medidas se avanza en la responsabilidad fiscal, pero también en la promoción de hábitos más saludables y en la protección ambiental.
La iniciativa será debatida en las próximas semanas en el Congreso, en medio de un escenario político en el que se esperan intensas discusiones entre las bancadas de oposición, gremios económicos y organizaciones sociales.