En el marco del Congreso Nacional de Minería en Cartagena de Indias, la ratificación del Acuerdo de Escazú se ha convertido en un tema central de discusión. Este acuerdo, celebrado por el gobierno colombiano como un avance en la participación ciudadana y el acceso a la justicia ambiental, promete, en el papel, cambios significativos para el desarrollo de proyectos en el país.
Sin embargo, no está exento de desafíos, como explicaron los socios de Holland & Knight, José Vicente Zapata y María Camila Aponte, en entrevista con 360 Radio.
Según José Vicente Zapata, el Acuerdo de Escazú es «de la mayor importancia» para Colombia, destacando que fomenta la participación ciudadana y amplifica la socialización de los proyectos con las comunidades, algo que ha sido un tema constante en el país. Zapata señala que este acuerdo internacional, ahora ratificado y avalado por la Corte Constitucional, abre las puertas para que tanto las comunidades étnicas como la ciudadanía en general tengan mayor voz en los proyectos de infraestructura y minería. Sin embargo, también subraya las preocupaciones que surgen al equilibrar esta mayor participación con la necesidad de desarrollar proyectos de manera sostenible.
«Si terminamos enfrascados en las mismas discusiones que tenemos hoy en día con la consulta previa, podríamos estar enfrentando más obstáculos que beneficios», advierte Zapata. Esto podría significar demoras significativas en la ejecución de proyectos, ya que se agregaría una capa adicional de consultas, lo cual podría extenderse por años.
Por su parte, María Camila Aponte recordó la experiencia de Chile con Escazú, un país que ha avanzado notablemente en la implementación de este acuerdo. Colombia, aunque recientemente ratificado, ya cuenta con mecanismos de participación ambiental, lo que según Aponte podría mitigar el impacto de Escazú en términos de reglamentación nueva. Sin embargo, enfatiza que la ratificación del acuerdo probablemente intensificará la conflictividad socioambiental, ya que las comunidades y autoridades recurrirán a él para fundamentar sus decisiones.
“Ya vemos cómo no solamente las Cortes, sino también las autoridades administrativas, fundamentan sus decisiones en Escazú, tratando de intensificar un poco más el acceso a estos derechos”, menciona Aponte, sugiriendo que esto podría traducirse en un aumento de las demandas de las comunidades afectadas.
El rol del gobierno y la empresa privada con el el Acuerdo de Escazú
Ambos expertos coinciden en que el gobierno tiene una responsabilidad clave en la implementación del Acuerdo de Escazú. José Vicente Zapata destaca que el gobierno, aunque celebra la ratificación de este tipo de acuerdos, parece no profundizar en los verdaderos retos que enfrentan tanto las comunidades como las empresas. Para él, es fundamental que el Estado se comprometa de manera efectiva a encontrar un equilibrio entre las necesidades de las comunidades y las realidades del sector empresarial.
«Necesitamos que el gobierno se apersone de este tipo de acuerdos. ¿Y qué quiere decir eso? Claro, vender política y vender política pública a base de que, o con el fundamento de que tengo más participación ciudadana, pues siempre genera votos. Claro, vamos a tener más participación, más comunidades participando. Y eso está bien. Lo que pasa es que el gobierno pareciera que se queda en ese discurso y no está mirando el discurso de fondo»: mencionó José Vicente Zapata.
María Camila Aponte añade que es crucial diferenciar las competencias del Estado y del sector privado. Las empresas no pueden asumir el rol de suplir la ausencia estatal en temas fundamentales como la educación o la salud. En cambio, su papel debería centrarse en atender las necesidades relacionadas con los proyectos que desarrollan, dentro de un marco claro y equilibrado.
«Realmente implica la participación en la vida real. Se trata de cómo hacer entender a la comunidad el impacto que el proyecto va a tener, ya que estamos hablando desde la base del impacto, que no se pueden desconocer y que están en el territorio. Sin embargo, la comunidad llega al territorio de participación esperando que todos los impactos históricos sean solucionados con impactos particulares. Entonces, realmente ese es el desafío: Cazú debe prever la manera en que se implemente ahora, con la reglamentación», afirmó María Camila Aponte.
Un tema recurrente en la conversación fue la creciente demanda de las comunidades para ser escuchadas. Sin embargo, tanto Zapata como Aponte advierten que este deseo de participación a menudo viene acompañado de expectativas desmesuradas que las empresas no siempre pueden cumplir. Zapata menciona que, si bien las comunidades quieren ser escuchadas, «el sector privado no va a entrar a educar a las comunidades con colegios públicos ni va a prestar el servicio de salud pública». En este sentido, destaca la importancia de que el gobierno asuma sus responsabilidades en lugar de trasladarlas al sector empresarial.
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