El amanecer del 3 de enero de 2026 marcó un antes y un después en la historia reciente de América Latina. En una operación militar sin precedentes desde la invasión de Panamá en 1989, Estados Unidos ejecutó ataques contra posiciones estratégicas en Venezuela y capturó al presidente Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, trasladándolos fuera del país, según informó la Casa Blanca.
Lo que hasta hace un año parecía impensable se concretó tras meses de presión diplomática, sanciones económicas, bloqueos de activos y acciones dirigidas a desarticular redes de narcotráfico y corrupción que convirtieron a Venezuela en un Estado fallido. Desde Washington, el presidente Donald Trump calificó la operación como un “éxito rotundo” y anunció que Maduro enfrentará cargos por narcoterrorismo en tribunales de Nueva York.
Apoyar esta intervención no implica una defensa ciega del poder militar ni una adhesión al imperialismo. Implica reconocer una verdad incómoda: durante más de dos décadas, el régimen venezolano se sostuvo mediante fraude electoral, represión sistemática y alianzas opacas, negándole al pueblo el derecho elemental de decidir su destino.
La escasez de alimentos y medicinas, la violencia institucional, las violaciones a los derechos humanos y la migración forzada de millones de ciudadanos no son cifras abstractas, sino heridas abiertas en la región.
La acción estadounidense, aunque profundamente controversial, logró lo que años de negociaciones fallidas y sanciones no consiguieron: remover al principal obstáculo para una transición democrática. Esto no exime de responsabilidad ni borra el costo humano del operativo. Se reportaron explosiones, daños a infraestructura y víctimas civiles, una tragedia que recuerda que Venezuela ha sido, ante todo, una nación castigada por el poder y la indiferencia.
Reducir este episodio a una simple “agresión” ignora el contexto judicial y político que lo precede. Maduro fue acusado formalmente desde 2020 por delitos de narcotráfico y conspiración, y su gobierno estrechó vínculos con actores externos que agravaron la inestabilidad regional. Aun así, el desafío ahora es garantizar que lo ocurrido no derive en un vacío de poder ni en una imposición ajena a la voluntad popular.
Para millones de venezolanos, dentro y fuera del país, la noticia representa una liberación largamente postergada. En ciudades como Miami, Bogotá y Santiago, la diáspora expresó alivio y esperanza. Figuras de la oposición democrática han sido señaladas como posibles liderazgos de transición, con la tarea compleja de reconstruir instituciones, sanar fracturas y evitar la revancha política.
Sin embargo, la captura de Maduro no es el final, sino el inicio del tramo más decisivo. La comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza, tiene la responsabilidad de acompañar un proceso que garantice elecciones libres, recuperación económica, justicia transicional y el retorno seguro de quienes se vieron obligados a huir.
La historia demuestra que los momentos de quiebre también pueden ser de renacimiento. La caída de un régimen autoritario no es un triunfo en sí mismo si no desemboca en libertad, dignidad y esperanza. Hoy, Venezuela se asoma a esa posibilidad. El verdadero desafío será que esta oportunidad no se diluya y que el futuro, por primera vez en años, vuelva a estar en manos de su pueblo.