Emilio Tapia Aldana es un nombre vinculado a algunos de los casos de corrupción más sonados del país, como el Carrusel de la Contratación en Bogotá y el escándalo de Centros Poblados; ahora aparece relacionado con un presunto intento por controlar la operación de Drogas La Rebaja, una cadena de farmacias históricamente asociada al extinto cartel del Norte del Valle.
Tapia, abogado de profesión y contratista de trayectoria marcada por las irregularidades, negó categóricamente cualquier vínculo con el proceso de transformación de Drogas La Rebaja.
En entrevista con W Radio, declaró que su “interés es cero” en relación con la farmacéutica. “No tengo conocimiento de los procesos o estados en los que se encuentre toda la transformación”, afirmó, desmarcándose de los señalamientos.
El historial de Emilio Tapia: del Carrusel de la Contratación a Drogas La Rebaja
La controversia surgió luego de que se filtraran versiones sobre un posible esquema para tomar el control de la operación de Drogas La Rebaja. Las dudas crecieron por la cercanía de Tapia con figuras políticas de peso, como el exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía.
Sin embargo, Tapia negó cualquier alianza o acuerdo con Abadía. “Lo conozco hace mucho tiempo, pero nunca hemos hecho negocios juntos, y mucho menos sobre ese tema en particular”, subrayó.
El empresario, cuya figura genera constante atención mediática, fue condenado en el año 2011 por su participación en el llamado Carrusel de la Contratación, una red de corrupción que manipuló licitaciones públicas en Bogotá para favorecer a un grupo cerrado de empresarios, entre ellos Julio Gómez.
A través de ese entramado, se apropiaron de millonarios recursos del erario, recurriendo al uso de testaferros para lavar el dinero obtenido ilegalmente.
Inicialmente condenado a 17 años de prisión, Tapia logró una reducción de su pena a siete años, los cuales cumplió parcialmente en detención domiciliaria y libertad condicional.
No obstante, en septiembre de 2021 volvió a ser capturado, esta vez por su presunta participación en el escándalo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), conocido como el caso Centros Poblados.
Ese caso involucró la firma de un contrato millonario para llevar conectividad a zonas rurales del país, que terminó en un fraude monumental: se desembolsó un anticipo de 70 mil millones de pesos que nunca fue utilizado para el fin pactado.
Las investigaciones apuntan a que ese dinero fue desviado, y aunque las autoridades trabajan en su recuperación, la trama aún no se ha resuelto por completo.
En medio de este contexto, Tapia también se refirió a su relación con Daniel Prado, actual embajador de Colombia en Bélgica. Prado fue representante de víctimas en el escándalo del carrusel de la contratación, y su cercanía con Tapia ha levantado suspicacias.
El empresario reconoció conocer a Prado desde hace varios años, pero no dio detalles sobre el tipo de vínculo que mantienen actualmente.
Pese a sus condenas y cuestionamientos, Tapia sigue siendo una figura de alto perfil en el ámbito político y empresarial del país. Mientras intenta desvincularse de nuevos señalamientos, las autoridades y la opinión pública siguen de cerca cada uno de sus movimientos.
Su historial delictivo, que ha dejado cicatrices en la administración pública colombiana, continúa siendo símbolo del impacto corrosivo de la corrupción sobre los recursos del Estado.
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