El Tribunal Superior de Bogotá ordenó medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNIC). La decisión judicial responde a su presunta participación en hechos de corrupción mientras ocupaba cargos clave en el Gobierno.
Según lo establecido por el alto tribunal, González deberá ser recluido en un centro penitenciario una vez se materialice su captura.
La decisión se fundamenta en la existencia de evidencias presentadas por la Fiscalía General de la Nación, que vinculan al exfuncionario con los delitos de cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación en favor de terceros.
Fiscalía vincula a Carlos Ramón González con red de corrupción en entidades del Gobierno
El fallo indica que, tras su aprehensión, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) será el encargado de trasladarlo a un establecimiento de reclusión adecuado, donde se verificará su identidad y se garantizará el cumplimiento de la medida cautelar.
Los delitos imputados guardan relación con su paso por entidades estratégicas del Ejecutivo. El Dapre, bajo su dirección, se encarga de coordinar los asuntos administrativos y logísticos de la Presidencia de la República, mientras que la DNIC, adscrita al Ministerio de Defensa, desarrolla labores de inteligencia en beneficio de la seguridad nacional.
En concreto, el delito de peculado por apropiación en favor de terceros regulado por el artículo 397 del Código Penal se configura cuando un funcionario desvía bienes públicos para beneficiar a particulares.
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Por su parte, el cohecho por dar u ofrecer previsto en el artículo 410 sanciona a quien ofrezca o entregue dádivas a servidores públicos para que actúen de forma contraria a sus deberes.
Señalamientos por fuga y ubicación en Nicaragua
La situación jurídica de González ha generado inquietud desde hace semanas, cuando se conoció que había salido del país en medio de las investigaciones que lo comprometen en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Durante una audiencia celebrada hace un mes, la fiscal del caso, María Cristina Patiño, advirtió que se desconoce el paradero del imputado desde su viaje a Costa Rica. No obstante, a partir de un rastreo técnico de la dirección IP asociada a su teléfono celular, las autoridades sospechan que actualmente se encontraría en Managua, Nicaragua.
Patiño también cuestionó la conducta del exdirector del Dapre, quien en 2024 aseguró residir en el norte de Bogotá. Sin embargo, los registros migratorios evidencian que abandonó el país y no ha regresado, lo que ha complicado su comparecencia ante la justicia.
A pesar de que los imputados pueden asistir virtualmente a las audiencias judiciales, la Fiscalía reprochó la falta de claridad y transparencia por parte de González sobre su localización real, lo cual ha motivado mayores medidas de control judicial.
Las investigaciones siguen en curso, y las autoridades están a la espera de su captura para dar cumplimiento efectivo a la medida impuesta.
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