¿Existe una fuerza mafiosa, poderosa y consolidada que está mandando en Colombia? Esta pregunta, tan provocadora como urgente, va en línea con las advertencias que ha hecho el presidente Gustavo Petro desde hace un tiempo. Él ha hablado incluso de una «junta del narcotráfico» que, según dice, tiene base en Dubái. Y aunque para muchos esta afirmación podría parecer descabellada, la verdad es que hay razones para pensar que podría tener razón.
Muchas de sus decisiones han coincidido con el fortalecimiento de esa supuesta junta, que, si existe, estaría demostrando una solvencia económica y una capacidad operativa tan altas que explican, en buena medida, la crítica situación que vive el país. Porque la realidad es esta: en materia de seguridad, al gobierno se le salió el país de las manos.
Y no se trata únicamente del aumento de delitos comunes, de robos o de violencia urbana. Se trata de algo mucho más grave: una consolidación del crimen organizado a niveles nunca antes vistos. No hablamos ya de crecimiento, porque ya no hay más a dónde crecer, sino de la consolidación total del narcotráfico como industria primaria en Colombia. Lo que pudo haber sido en su momento el sueño húmedo de Pablo Escobar es hoy una realidad palpable: el narcotráfico no solo tiene el control del país, sino que lo ejerce sin mayor resistencia.
Y no solo de Colombia. Hace poco este medio de comunicación lo advirtió, en un editorial sobre Ecuador, y lo que temíamos está ocurriendo. Hoy el narcotráfico en América Latina tiene tanto poder que opera como una verdadera multinacional del crimen, como la describió el propio presidente Petro. Son organizaciones internacionales que no solo trafican droga, sino personas, mujeres, niños; que manejan redes de extorsión, cobranza, transporte, armamento, comunicaciones, al mejor estilo de las películas, con oficinas, jerarquías y presencia en múltiples países.
La consolidación del crimen organizado en Colombia: entre atentados terroristas, amenazas y poder infiltrado
Estas mafias tienen intereses económicos en muchos sectores, influencia política y capacidad de acción letal contra quienes amenazan sus operaciones. Y aquí es donde empieza a fallar el planteamiento de Petro: creyó ingenuamente que era posible hacer la paz con todos los criminales de Colombia, con todos los grupos armados, con todos los brazaletes. Su apuesta por el diálogo, incluso con actores históricamente imposibles de negociar, fue equivocada. Y como no le gusta reconocer errores, sigue aferrado a su discurso, pese al evidente fracaso.
Colombia vive hoy una realidad escalofriante: hay un enfrentamiento directo entre el gobierno y esas organizaciones. Y basta ver los discursos del presidente, llenos de amenazas y señalamientos, para entender que hay una guerra soterrada en curso.
Prueba de ello es lo que ocurrió recientemente en Antioquia: un escuadrón armado patrullando, como no se veía desde hace 20 años. Están también en el Valle del Cauca, infiltrando Cali; en Cundinamarca, en el Cauca, en Santander y Norte de Santander. Su presencia ya se consolida en al menos 18 departamentos y avanza hacia otros seis.
No está claro cuál de estas organizaciones es hoy la más fuerte, si el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC, o los llamados “Mordiscos”—, pero todas parecen tener la capacidad de declarar objetivo militar a cualquier candidato o figura política que represente una amenaza real para sus intereses. Y el debilitamiento de las Fuerzas Armadas bajo este gobierno ha sido profundo. Es un hecho alarmante que hoy los criminales estén mejor armados que nuestras propias fuerzas.
La oleada terrorista del pasado sábado, incluido el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, fue un mensaje claro, directo, transmitido con toda la intención de ser visto. Los videos que circularon desde múltiples ángulos no dejan lugar a dudas: se quiso mostrar poder, se quiso intimidar, especialmente a quienes piensan como Uribe Turbay.
Y no sería extraño, como se ha insinuado en los últimos días, que vengan nuevos atentados contra figuras emblemáticas del país, incluyendo al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pero ¿cómo responde el gobierno ante esto? Retirándole el esquema de seguridad al exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, uno de los que más golpes ha propinado a los grupos criminales. La excusa oficial: que la seguridad no es vitalicia. Un mensaje nefasto para quienes han servido al Estado, mientras muchos con esquemas innecesarios los mantienen intactos.
Este entramado criminal no es exclusivo de Colombia: hay células en México, en Ecuador, en países de Medio Oriente y Europa, incluso en Estados Unidos. Y Colombia ocupa un lugar estratégico que no pueden ni quieren perder. En los últimos seis o siete años han consolidado su poder y no permitirán que un presidente decidido a combatirlos los desmonte.
El mensaje al presidente también es claro: «o negocias con nosotros, o te sacamos del país». Sí, creemos que estos atentados tienen como finalidad desestabilizar a Colombia. Por eso, hay una última pregunta que no podemos dejar de hacer:
¿Quién dio la orden?, ¿Quién fue el autor intelectual del intento de asesinato de Miguel Uribe Turbay? La respuesta solo puede apuntar a una fuerza poderosa, consolidada, con intereses claros, con vínculos internacionales, con presencia en el terreno, con capacidad política y con miembros infiltrados en todos los niveles del Estado. Ese es el verdadero reto del país.
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