La implementación de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia en Antioquia comenzó con expectativas altas: la Gobernación esperaba recaudar $45.217 millones solo en el primer trimestre del año. Sin embargo, hasta el cierre del plazo de pago, cuyo vencimiento fue el 15 de junio, solo se logró recaudar $19.354 millones, lo que representa apenas el 42 % de lo facturado y el 12 % del objetivo anual de $160.000 millones.
Recaudo de la tasa de seguridad en Antioquia quedó corto frente a la meta oficial
Ni siquiera los incentivos por pronto pago lograron aumentar significativamente el recaudo: apenas se entregaron $678 millones en descuentos, distribuidos principalmente entre los sectores industrial ($372 millones) y comercial ($175 millones). El gobernador Andrés Julián Rendón ha sostenido que el recaudo “va bien”, pese a que las cifras muestran lo contrario.
La Gobernación reconoce que problemas técnicos han entorpecido el proceso: más de 100.000 registros inconsistentes enviados por empresas de servicios públicos y desfases de hasta seis meses en ciclos de facturación han afectado la emisión oportuna de las facturas.
La meta de recaudo para el año es de $160.000 millones, dividida en tres ciclos (mayo, agosto y noviembre). Con el primer trimestre finalizado, apenas se ha alcanzado el 12 % del objetivo anual. El segundo ciclo será clave: se espera enviar nuevas facturas el 20 de agosto, por un valor estimado de $100.000 millones.
A pesar de los retrasos, la Gobernación ya ha destinado recursos a proyectos estratégicos: entregó 49 camionetas 4×4 (24 para la Policía y 25 para el Ejército) y anunció la entrega de 200 motocicletas y botes para la Armada Nacional. También planea invertir en tecnología, infraestructura, construcción de una cárcel departamental y espacios deportivos para la convivencia ciudadana.
Para no frenar los proyectos, la Asamblea Departamental autorizó vigencias futuras por $176.000 millones, un anticipo del recaudo futuro de la tasa que permitirá ejecutar las intervenciones sin depender del flujo inmediato de ingresos. Sin embargo, esta estrategia ha generado debate: algunos diputados, como Luis Peláez, advierten sobre el riesgo de endeudamiento presupuestal si finalmente el recaudo no se concreta o si la tasa es declarada ilegal. Actualmente, existen cinco demandas de legalidad en curso.
El primer trimestre deja claro que la Tasa de Seguridad enfrenta dificultades no solo técnicas, sino también de aceptación ciudadana. Con el recaudo por debajo del 50 % de la facturación y apenas al 12 % del objetivo anual, la Gobernación enfrenta un reto serio para cumplir sus promesas de seguridad. El segundo ciclo de facturación del 20 de agosto será determinante para definir el futuro presupuestal de los proyectos en curso.