La base del proyecto sería la reforma que Cambio Radical presentó en 2018 y fue hundida en el Congreso. Entre las novedades más relevantes que evidencia el primer borrador de la iniciativa, se destacan el aumento del periodo a los magistrados a cambio de más requisitos para llegar a este cargo, además de que los notarios podrían tener facultades jurisdiccionales.
Por: Redacción 360 Radio
Aunque hasta mediados de marzo se reactivarán las sesiones legislativas en el Congreso de la República, el Gobierno Nacional no pierde tiempo y ha preparado un borrador de lo que sería la reforma a la justicia, iniciativa que diferentes sectores han venido aclamando desde el primer gobierno de Álvaro Uribe en 2002.
El Gobierno no quiere sorpresas e iniciar el año con una derrota en el Congreso y por eso la reforma a la justicia que allí planteará tendrá el apoyo de Cambio Radical. De hecho, la base el proyecto sería la reforma que el partido liderado por Germán Vargas Lleras presentó en 2018 y fue hundida por el legislativo.
En el borrador del proyecto que el ministerio de Justicia envió a las Cortes para recibir sus comentarios y hacer los respectivos ajustes que sugieran estas, se destaca el aumento del periodo a los magistrados a cambio de más requisitos para llegar a este cargo.
Es decir, en este punto se propone aumentar de 8 a 12 años el periodo de los magistrados con el fin de darle más estabilidad a las Cortes y a la vez, que quienes terminen sus periodos no puedan aspirar nuevamente a estos.
Sin embargo, llegar a estos cargos sería más difícil ya que se exigiría mínimo 25 años de experiencia y que la edad de alguien que quiera llegar a las altas cortes sea de 50 años en adelante. Si se tiene en cuenta que la edad de retiro forzoso de funcionarios públicos es de 70 años, estos quedarían en el límite de la jubilación.
Además, habría cambios en la elección de los magistrados de la Corte Suprema y el Consejo de Estado, pues los candidatos saldrían de un concurso público de méritos llevado a cabo por las mismas cortes y entre esos nombres los magistrados serán quienes podrán escoger a sus pares.
Asimismo, se establece que la mitad de los magistrados de estas cortes procederán de la Rama Judicial, mientras que la otra mitad, equilibradamente entre abogados en ejercicio y la academia.
Por otra parte, se buscaría que los notarios, centros de arbitraje y de conciliación tengan facultades jurisdiccionales, esto con el fin de ayudar a descongestionar el sistema judicial. No obstante, habrá excepciones y esto solo será posible siempre y cuando se acudan a estos por mutuo acuerdo o en los asuntos en los que no se manifieste ninguna oposición a la solicitud.
Otro punto tiene que ver con las condiciones que se les exigirán a funcionarios públicos para evitar que estos usen sus cargos como trampolín hacia a la política. El borrador de la reforma señala que estos deberán esperar cuatro años después de haber salido de sus puestos antes de aspirar a un cargo de elección popular.
Cabe mencionar que el proyecto plantea que estos funcionarios tampoco podrán ser reelegidos en sus cargos, ni ser postulados para otro de estos, hasta un año después de haber cesado sus funciones.
Finalmente, se busca establecer un mecanismo que permita garantizar una fórmula para que incrementen los recursos a la Rama Judicial pero aún no se ha llegado a un acuerdo definitivo.
Se espera que el proyecto quede listo en pocas semanas y sea radicado ante el Congreso el próximo 16 de marzo.