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Reforma a la justicia se hundió en la Comisión Primera del Senado

Foto: Senado
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El lunes 6 de diciembre se hundió en la Comisión Primera del Senado la reforma a la justicia, que buscaba modificar los procedimientos de elección de magistrados en la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y otros altos dignatarios del Estado.


Por: Redacción 360 Radio

La propuesta no avanzó en el Congreso pro la falta de quorum durante el tercer último debate porque se trata de un acto legislativo. Al no ser votado el lunes los tempos no alcanzaron para que pasara a la plenaria del Senado y se registrara el cuarto debate.

Aunque la iniciativa fue propuesta por el Gobierno Nacional y congresistas afines al presidente Iván Duque, la reforma enfrentó resistencia en varios sectores, incluyendo el partido de Gobierno, el Centro Democrático.

La senadora Paloma Valencia se opuso desde el principio a la iniciativa, cuestionando la forma en la que se planteaba la designación de los magistrados de la Corte Suprema y el Consejo de Estado, manteniendo el sistema de cooptación.

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“Vuelve la selección de los magistrados un tema de roscas y amiguismos, esto es la legalización de la rosa, es decir, la rosa está bien, pero es legal y yo creo que es muy grave para Colombia que no le podamos dar unos criterios de selección a los magistrados y simplemente sea de acuerdo al criterio de quienes integran una corte la selección de sus integrantes”, dijo Valencia.

Juan Carlos Losada, representante por el Partido Liberal, señaló que “en el artículo tercero le quitan a la Corte Suprema la facultad de juzgamiento de esos dignatarios, todos ellos fundamentales para las garantías democráticas del país, y lo que hacen es llevarla a la Comisión de Acusaciones que todos sabemos, es de una absoluta inoperancia”.

Entre otros, el proyecto buscaba hacer modificaciones a los procesos de concurso y la convocatoria para quienes serán magistrados de las altas cortes. Planteaba que quienes quisieran aspirar a cargos como fiscal General, Procurador General, defensor del Pueblo y contralor General, debían acreditar título universitario de abogado con experiencia profesional mínima de 15 años y experiencia profesional simultánea o complementaria que no fuera menor a 15 años en ciencias sociales, humanas, económicas, financieras, administrativas, o como docente universitario por el mismo tiempo.

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