Es pertinente recordar que el proyecto de reforma agraria tuvo que ser debatido en un cuarto debate antes del 16 de diciembre en el Congreso de la República, esto para que pueda seguir su curso legislativo en el año 2023 como sucederá.
Este contenido hace parte de la séptima edición de Revista 360 y cuenta con la participación de más de 70 invitados de todos los principales sectores económicos, productivos y políticos de Colombia. Ministros, líderes gremiales, líderes en áreas de la construcción, sectores bancarios, logística e infraestructura, telecomunicaciones, gobernantes regionales, analistas, economistas, entre otros.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro presentó la reforma agraria con el fin de enfrentar la desigualdad y pone su mirada en los campesinos, pero tendrá que volver a pensar en lo que significa la propiedad de la tierra.
Es preciso señalar que con la llegada del actual Gobierno se ha hablado recurrentemente sobre las distintas reformas que se llevarían a cabo en el país, y así sucede con la reforma agraria presentada por el presidente Gustavo Petro y el Ministerio de Agricultura en cabeza de la ministra Cecilia López Montaño y las estrategias que serán usadas para llevarla a cabo.
Es conveniente explicar que la reforma agraria en Colombia es el conjunto de medidas establecidas con la finalidad de cambiar la forma en la que se centra la posesión de la tierra. Esto quiere decir que el propósito de la reforma agraria es evitar que la tierra se mantenga como propiedad de unos cuantos y que al mismo tiempo es un medio para el desarrollo.
En la investigación “Reforma agraria en Colombia: evolución histórica del concepto. Hacía un enfoque integral actual” de Angélica Franco e Ignacio de los Ríos se dice que la Reforma Agraria (RA) en Colombia es un tema estratégico en la solución de diversas problemáticas que afectan al país, como son la violencia en el campo, el desplazamiento forzado, el desempleo, la pobreza y el narcotráfico”. Del mismo modo, es relevante subrayar que la reforma agraria es un tema coyuntural que tiene sus inicios antes de la conquista española.
Lo anterior se explica de la siguiente forma: desde hace siglos se ha luchado por la preservación del campo y las garantías que necesitan los campesinos y los grupos marginados para poder realizar sus labores en el campo dignamente. Sin embargo, esto no es algo nuevo. A lo largo de la historia se han puesto en marcha 3 reformas agrarias en Colombia las cuales son: La Ley 200 de 1936 en el gobierno de Alfonso López Pumarejo, la Ley 135 de 1961 bajo el mandato de Alberto Lleras Camargo y la Ley 60 de 1994 siendo el presidente César Gaviria.
Incluso, durante el gobierno de Juan Manuel Santos se tocó el tema en el acuerdo de paz firmado entre dicho gobierno y la entonces guerrilla de las FARC. Entre los principales puntos para poner fin al conflicto armado que vivió el país desde el origen de ese grupo, se habló de una Reforma Rural Integral, con la que se pretendía mejorar las condiciones del campo en cuanto al acceso, uso y distribución de las tierras en el país y del mismo modo resolver el conflicto por la tierra.
Justamente sobre este punto que se trató hace unos años, es en lo que hoy se trabaja desde el Gobierno Petro como reforma agraria. Pero claramente “pero no es un tema fácil”, como lo señaló en su momento el presidente, debido a que son varios los desafíos a los que se enfrenta el actual Gobierno; el objetivo de este es entregar aproximadamente tres millones de hectáreas a familias que no cuenten con tierras y formalizar unos cuantos millones adicionales, para suplir los compromisos que asumió el Estado en 2016 con la guerrilla de las FARC.
El énfasis general de la reforma agraria es la transformación del uso de la tierra, por esta razón, a los dueños de grandes extensiones de tierra se les pretende subir los impuestos en sus terrenos con el fin de promover la productividad de las mismas o, por el contrario, que sean vendidas al Estado, para poder continuar con el proceso de restitución de tierras.
El pasado 21 de septiembre de 2022 la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Cecilia López Montaño, le anunció a Colombia que el proceso de la reforma agraria del actual Gobierno empezará con la titulación de 681.372 hectáreas de tierra fértil que busca beneficiar a indígenas, afrodescendientes y campesinos. También, mencionó que “este anuncio es el resultado de un gran esfuerzo que hace el Ministerio y sus agencias para agilizar el proceso, la titulación masiva de predios es un reflejo del compromiso del gobierno con la reforma agraria y el cumplimiento del Acuerdo de Paz”.
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Entre los desafíos más grandes que tiene el Gobierno de Gustavo Petro está lograr que los ciudadanos de las periferias del país logren entender con claridad los objetivos de esta reforma agraria, pues serán los principales involucrados; esto se debe a que una de las brechas principales entre el centro del país y las periferias es la desinformación que hay en los territorios.
Pese a que en la actualidad hay diversos medios alternativos que brindan perspectivas diferentes frente a las problemáticas que se viven en el país, a los territorios rurales solo llegan los medios tradicionales lo que dificulta la toma de decisiones.
La Unión Europea le da el visto bueno a la reforma agraria
Aún con este panorama, cabe anotar que la Unión Europea respaldó la reforma agraria finalizando el mes de octubre del 2022 luego de una reunión entre la ministra de Agricultura Cecilia López, la vicepresidenta Francia Márquez, representantes de los estados miembros de la Unión Europea liderados por el embajador Gilles Bertrand en donde intercambiaron ideas sobre los puntos más relevantes de la política rural trazada por el presidente Gustavo Petro.
La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Cecilia López Montaño, participó de este crucial encuentro del que destacó que “el desarrollo rural integral y la reforma agraria tienen gran apoyo en la Unión Europea. Lo manifestaron todos y cada uno de los embajadores (…) El campo, en la agenda colombiana, se posicionó no solo nacional sino internacionalmente”.
En el foro Agro, nuevo motor de la economía y distinción a los desarrolladores del Agro 2022, desarrollado a finales del mes de noviembre, la ministra dijo que en la presentación del informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE- “una de las ventajas que le encuentran a Colombia es que tiene una proporción muy alta comparada con otros países de la OCDE en el sector rural”.
Por otro lado, el embajador Bertrand hizo referencia a la labor que los estados miembros de la Unión Europea han tenido en los campos colombianos y enfatizó que mediante un desarrollo rural sostenible puede haber condiciones de paz y de vida digna para las comunidades que viven en el campo.
“En el campo colombiano se encuentra mucho talento, muchas producciones de calidad, un potencial inmenso y eso quiere decir inversión, oportunidades de trabajo en común, para que al final, lo que empezó como proyectos productivos pueda transformarse en actividad económica normal e integrada a la economía del país”, agregó Bertrand.
Por último, vale decir que este proyecto de reforma y su segunda vuelta consiste en la discusión y votación del proyecto en cuatro debates del siguiente periodo legislativo, lo que quiere decir que su curso en el congreso arrancaría en marzo de 2023, momento para el que inician las sesiones ordinarias en Senado y Cámara de Representantes.