Por: Andrés Julián Rendón
El presidente Petro, sin alterar la propiedad privada y con el propósito de hacer su reforma agraria, anunció con Fedegán la compra 3 millones de hectáreas (ha). Éstas, cuyos propietarios serían principalmente los ganaderos, son presuntamente improductivas o están utilizadas en sectores diferentes a su verdadero potencial.
Mientras leía la noticia no podía dejar de pensar en lo mucho que se ha hablado de actualizar el catastro en el país para hacer del impuesto predial el mejor instrumento con que se pueda implementar una reforma agraria. Esto, por la eficacia que tiene el mismo para crear un verdadero mercado de tierras rurales, aún hoy inexistente en Colombia.
Y es que, en el campo, contrario a lo que sucede en las ciudades, toca poseer tierra para emprender un negocio propio del sector. Los campesinos o agricultores deberían estar en capacidad de sacar adelante su emprendimiento así sea arrendando tierra. Tal y como pasa con cualquier local o bodega en las zonas urbanas: se arriendan a quien las necesite.
Si aplicáramos esta tesis a la vieja intención que muchos tenemos de dinamizar el sector agropecuario, facilitando el acceso a uno sus factores más importantes -la tierra- no habría que gastarse los $60 billones (3 millones de ha a $20 millones c/u) de los que habla Petro. Sólo bastaría con diseñar los incentivos adecuados. Después de todo, como afirmara el premio Nobel de economía Douglas North, éstos -los incentivos- son la clave en esta ciencia.
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Tabla 1. Predial, Mercado de Tierras y Reforma Agraria.
Veamos la Tabla 1. Los cálculos del mismo Gobierno Nacional han estimado que los 3 millones de hectáreas podrían tener un valor comercial cada una de $20 millones. Sin embargo, el avalúo catastral de las mismas con el que aparecen en el Agustín Codazzi no debe superar el 30% de su verdadero precio de mercado. A lo sumo cada hectárea podría estar registrada a un valor catastral de $6 millones. Como la tarifa efectiva que aplican los municipios en el impuesto a la propiedad no supera el 4×1.000, cada dueño estaría tributando en predial tan solo $24.000/ha (Impuesto Predial = Valor Catastral x Tarifa). En consecuencia, el recaudo total de este tributo para los 3 millones de hectáreas, diseminado en todas las localidades donde está ubicada la tierra, sería de $72 mil millones.
Si se actualizara el valor catastral de la tierra objeto de compra al 60% de su valor comercial -el mínimo que exige la norma-, éste quedaría en $12 millones la hectárea. Y aquí comenzarían a operar los incentivos a fin de crear un verdadero mercado de tierras rurales disponibles para vender o arrendar y potenciar el agro en el país. En efecto, la señal debería venir de los Concejos Municipales, gravando las tierras rurales que se utilicen en línea con su verdadera vocación agroecológica, al nuevo valor catastral y a una tarifa mínima del 2×1.000. Aquí el recaudo del impuesto predial por hectárea y el total para todo el país permanecería inalterado. No podría decirse entonces que se hubiera subido el impuesto a niveles expropiatorios.
En caso de llegar a existir propietarios renuentes a utilizar la tierra en función de su vocación, la tarifa aplicable al valor catastral actualizado sería la máxima del 16×1.000. En este hipotético escenario, el recaudo total para las municipalidades donde estén ubicadas los 3 millones de ha sería de $576 mil millones. Pero, como ninguno de ellos querrá ver aumentar el tributo a pagar por hectárea en 8 veces (pasando de $24.000 a $192.000), entonces optará por utilizar su propiedad en el sector de mayor productividad, o decidirá arrendarla a quien esté dispuesto a hacerlo para mantener como consecuencia el impuesto bajo.
De esta manera, sin gastar un solo peso del presupuesto y sin necesariamente cambiar el derecho de propiedad, ingresarían al mercado rural de arrendamiento de tierras, 3 millones de hectáreas para producir alimentos.
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