El Senado de la República de Colombia aprobó en sexto debate la Reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), cuyo objetivo principal es aumentar las transferencias a las regiones y otorgarles mayor autonomía financiera y administrativa.
La reforma al SGP, en discusión desde hace meses, enfrenta ahora opiniones divididas que han advertido sobre los posibles riesgos fiscales de su implementación sin una planificación adecuada.
La reforma pretende ajustar el porcentaje de ingresos corrientes del Estado que se transfiere a las entidades territoriales, de manera que estas cuenten con más recursos para satisfacer las demandas locales. No obstante, el porcentaje que se propone para dichas transferencias ha sido cuestionado por algunos congresistas, quienes argumentan que una cifra tan alta podría comprometer la estabilidad económica nacional.
El debate sobre la Reforma al Sistema General de Participaciones
Ariel Ávila, senador coordinador ponente del proyecto, expresó que la Reforma al Sistema General de Participaciones «busca superar el asfixiante centralismo» y otorgar a los entes territoriales la posibilidad de gestionar sus recursos de forma independiente, contribuyendo así a que el Estado ofrezca una mayor cobertura de servicios en las distintas regiones. Para Ávila, esta reforma es una respuesta a la necesidad histórica de las regiones por alcanzar una mayor autonomía financiera y administrativa, especialmente en aquellas zonas donde los recursos del gobierno central no llegan en las cantidades necesarias para cubrir las necesidades básicas.
Por otro lado, Angélica Lozano, senadora del partido Alianza Verde, mostró su preocupación por el aumento en el porcentaje de las transferencias, señalando que «no está la plata para dar el brinco». Lozano ha solicitado que el incremento no supere el 37 %, en lugar del 46,5 % propuesto, para evitar un posible desbalance fiscal que afectaría las finanzas nacionales en el mediano plazo.
A pesar de sus reservas iniciales, el Ministerio de Hacienda manifestó su disposición a respaldar la reforma al SGP siempre y cuando venga acompañada de una ley de competencias. Esta ley debería permitir una transferencia responsable de funciones a las entidades territoriales y asegurarse de que su implementación se ajuste a los lineamientos de sostenibilidad fiscal y al cumplimiento de las metas de deuda pública.
Uno de los principales cuestionamientos surge de los cálculos del Consejo Asesor de Regalías y Finanzas (Carf), que advirtió sobre el impacto que la reforma podría tener en el déficit fiscal. Según el Carf, elevar las transferencias hasta el 46,5 % de los ingresos corrientes para 2036 podría desbordar el límite de déficit establecido, que actualmente se sitúa en el 71 % del PIB, lo cual afectaría directamente la sostenibilidad fiscal del país.
La visión de la Comisión de Expertos: impuestos locales y eficiencia fiscal
Martín Jaramillo, director del Centro de Gerencia y Empresas de la Universidad EAFIT, calificó la reforma como una iniciativa que debe tomarse con cautela, refiriéndose al informe de la Comisión de Expertos para el Estudio del Sistema Tributario Territorial como una herramienta clave para contextualizar el impacto de esta reforma.
Según explicó Jaramillo, la Comisión ha señalado que, para que una descentralización sea efectiva, es necesario primero fortalecer las finanzas locales a través de ajustes específicos en los impuestos.
El experto precisó que el informe de la Comisión ofrece cuatro recomendaciones clave:
- Actualización y optimización del impuesto predial: La Comisión destaca la importancia de actualizar las bases catastrales, debido a que los valores de los predios en muchas zonas están desactualizados. Esto implica que los municipios y departamentos están recaudando menos de lo que deberían, limitando así sus recursos.
- Revisión del impuesto de industria y comercio (ICA): Este tributo, actualmente aplicado de manera desigual y con una estructura ineficiente, necesita ajustes para reducir las cargas sobre las empresas y evitar que se concentren en las grandes ciudades. Según el informe, el ICA representa un incentivo negativo para la inversión en regiones donde el centralismo fiscal ya es un problema.
- Fortalecimiento de otros impuestos locales: Entre ellos, los gravámenes sobre vehículos, cervezas, licores y cigarrillos, que, según el informe, podrían reformarse para reducir el contrabando y mejorar la capacidad recaudatoria de los entes territoriales.
- Simplificación de la estructura tributaria local: La eliminación de impuestos de bajo recaudo, como estampillas y timbres, es otra recomendación de la Comisión, ya que estos tributos complejizan innecesariamente la estructura fiscal sin aportar significativamente a los ingresos.
Jaramillo enfatizó la importancia de estas recomendaciones, argumentando que antes de aumentar las transferencias, el Estado debe fortalecer la capacidad recaudatoria de los entes territoriales, de modo que puedan gestionar sus propios recursos con mayor autonomía.
«La descentralización es urgente e ineludible, pero, como señala el informe de ANIF, una descentralización fiscalmente insostenible no le sirve a nadie. Eso es como pedirle al hijo menor que se independice y ver que pagó el primer de arriendo con tarjeta de crédito», señaló Jaramillo.
La discusión en torno a la reforma al Sistema General de Participaciones ha abierto un debate sobre la necesidad de una mayor descentralización en Colombia, frente a los riesgos de comprometer la sostenibilidad fiscal. La reforma sigue su camino legislativo, y el gobierno central enfrenta la tarea de encontrar un equilibrio entre la necesidad de autonomía de las regiones y la estabilidad fiscal nacional.
