La Reforma pensional del Gobierno Petro podría caerse si la Corte Constitucional confirma que el trámite legislativo estuvo lleno de irregularidades. Aunque esta iniciativa estructural busca ampliar la cobertura y garantizar ingresos dignos, hoy se encuentra suspendida y en el ojo del huracán jurídico y político.
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¿En qué consiste la reforma pensional del Gobierno Petro?
La reforma pensional fue presentada en marzo de 2023 y sancionada como Ley 2381 el 16 de julio de 2024, con entrada en vigencia prevista para el 1° de julio de 2025.
Su principal propósito: transformar un sistema que ha regido durante décadas. Plantea un esquema de cuatro pilares: contributivo, semicontributivo, solidario y de ahorro voluntario.
En el pilar contributivo, quienes ganen hasta 2,3 salarios mínimos deben cotizar en la estatal Colpensiones; los ingresos superiores se distribuyen entre Colpensiones y los nuevos fondos privados (ACCAI).
El pilar semicontributivo cobija adultos mayores que cotizaron entre 300 y 1 000 semanas —hombres mayores de 65 y mujeres de 60— pero no reunieron el tiempo para pensionarse.
El pilar solidario ofrece una renta básica mensual de aproximadamente 54 USD (aprox. 225 000 COP) a adultos mayores sin pensión en condición de pobreza —unos 2,6 millones de personas.
El pilar voluntario fomenta un ahorro complementario para quienes deseen contar con mayores recursos al jubilarse.
Este sistema intenta garantizar equidad, proteger los más vulnerables y fortalecer el régimen estatal, reduciendo subsidios a pensiones altas, pero generó debate por limitar la libertad de elección entre sistemas públicos y privados.
¿Por qué la reforma pensional del Gobierno Petro podría caerse? Detalles del vicio de trámite
El verdadero riesgo no está en su contenido, sino en cómo fue tramitada. La Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, devolvió la ley a la Cámara de Representantes el 17 de junio de 2025, por un vicio de procedimiento: el texto del Senado fue acogido sin un auténtico debate en la plenaria de la Cámara, lo que violó los principios de publicidad y deliberación legislativa.
El fallo impuso un plazo de 30 días hábiles para repetir la discusión en plenaria —ya sea en sesiones ordinarias o extraordinarias— y enviar un informe al alto tribunal. Hasta entonces, la entrada en vigencia quedó suspendida.
A pesar de esta orden, la Cámara repitió la votación el 28 de junio de 2025, aprobando nuevamente el texto del Senado con 97 votos a favor y uno en contra.
No obstante, la Corte aplazó su decisión definitiva mientras investiga si esta nueva votación realmente corrigió los errores. Solicitó 17 pruebas, incluyendo la certificación del horario en que el presidente Petro salió del país el día en que convocó las sesiones extraordinarias.
La senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) denunció abiertamente el procedimiento y explicó los detalles del porqué se caería el proyecto. “En el afán de sesionar sin que estuviese publicado el Auto, no supieron qué debían votar y volvieron a viciar la Ley. … votaron a ciegas basados en un comunicado de prensa que no es vinculante.”
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La senadora explicó que la Cámara omitió discutir más de 700 proposiciones en Secretaría y 61 adicionales presentadas en sesiones extraordinarias, y negó reabrir el debate; por ello, “la pensional se debe caer”.
Su crítica apunta al corazón del problema: una aprobación sin debate real erosiona la legitimidad de la norma.
ATENCIÓN. La Cámara de Representantes tramitó de manera indebida la subsanación del vicio de procedimiento de la reforma pensional.
En el afán de sesionar sin que estuviese publicado el Auto, no supieron qué debían votar y volvieron a viciar la Ley.
La pensional se debe caer.… pic.twitter.com/UyoRqAKaeE
— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) August 14, 2025
Repercusiones si la reforma pensional del Gobierno Petro se cae
Legalidad en entredicho
Si la Corte concluye que la Cámara replicó los errores —acogiendo el texto sin debate válido—, podría declarar la ley inexequible, lo que implicaría su hundimiento.Tensión institucional y política
El Gobierno ha defendido con vehemencia la reforma. Petro calificó cualquier obstáculo como un “golpe de Estado”, mientras demanda aplicación inmediata de partes ya operativas, como el bono pensional y registros poblacionales. Esta polarización puede afectar el clima político y la percepción ciudadana sobre los poderes públicos.Impacto social y fiscal
Si la reforma se hunda, se anularía la ampliación de cobertura para 2,6 millones de adultos, se frenaría la redistribución de pensiones y se abriría un debate sobre sostenibilidad y financiamiento. Además, queda la presión fiscal y el déficit que enfrenta el país, lo que puede complicar alternativas viables.
La Reforma pensional del Gobierno Petro podría caerse no por su esencia ni sus objetivos sociales, sino por fallas en su procesamiento legal. El proceso apresurado, sin debate sustantivo, compromete su validez. Aunque el Ejecutivo celebró su salvación tras el nuevo voto, el camino sigue lleno de incertidumbre legal, política e institucional.