Quien impulsa la Gran Alianza Republicana, entregó minuciosos detalles sobre el por qué la reforma tributaria que propone el Gobierno Nacional, en cabeza de Iván Duque, es inoportuna. Además, recordó que Duque Márquez, en campaña, propuso «menos impuestos y más salario».
360:
Antes de hablar sobre esta reforma que se ha presentado, ¿cuál es el modelo fiscal/ tributario que usted ha considerado debe ser implementado en Colombia?
Rafael Nieto Loaiza (R.N.L.):
Debe haber una reforma estructural con unas tasas efectivas de tributación que sean razonables y que no sean confiscativas, que permitan productividad y competitividad, que fomenten la inversión y que le permitan al ciudadano y a los empresarios ahorrar, y a partir del ahorro invertir.
Estas reformas fiscalistas que solamente se preocupan por aumentar el recaudo, pero que no examinan la naturaleza de la calidad del gasto público son un error. Estas reformas aumentan una y otra vez el monto de los impuestos que el ciudadano y las empresas tienen que transferirle al Estado en nada ayudan a la productividad y a la competitividad, castigan el ahorro y desincentivan la inversión, por tanto afectan gravemente la capacidad para generar ahorro.
Hay que recordar que para este año la tasa efectiva de tributación es de 62.6 %, eso significa que de 100 pesos de ganancia de una persona o de una empresa, el Estado se queda con 62 pesos y 60 centavos; entre lo que recauda el Gobierno Nacional, lo que recoge con los impuestos territoriales y los parafiscales. Que esa tasa efectiva de tributación en lugar de disminuir va a aumentar, eso de entrada ya es una tasa excesiva y hay que decirlo de esa manera porque cuando se mira de forma comparada lo que uno encuentra es que en el caso colombiano esa tasa es casi el doble de la norteamericana, que es de 30.6 %, es más del 50 % a la tasa mundial que es del 40.4 % y está muy por encima del promedio de América Latina que es del 46.6 %. Con esa tasa efectiva de tributación estamos condenados a fracasar.
Además, le generamos un incentivo perverso a la informalidad y al emprendedor, de formalizarse, tiene que transferir semejantes sumas al Estado, y por supuesto tiene una razón muy poderosa para tratar de pasar por debajo; por esto, en parte, es que la informalidad antes de la pandemia era del 48.5 % pero que muy seguramente, tras lo ocurrido, debe estar en el orden del 60 %.
360:
Sobre esta reforma: ¿cuáles son sus primeras impresiones?, ¿qué le gusta, qué no?, ¿qué podría modificarse?
R.N.L.:
La reforma tributaria es inoportuna porque se presenta cuando las compañías y los ciudadanos apenas empiezan a levantar cabeza después del palazo que significaron los confinamientos como medida adoptada para tratar de atajar la tasa de propagación del covid-19. Con el agua al cuello, se tienen que enfrentar a nuevos impuestos, van a estar en dificultades y la crisis económica en lugar de aliviarse seguirá ahondándose.
No hay que olvidar que el año pasado fue el peor de la economía colombiana desde que tenemos estadísticas, caímos un 6.8 % y dicha caída en el PIB en apenas nueve meses se tradujo en un aumento sustantivo del desempleo que saltó del 10.5 % al 15.9 %, y en un salto terrible de pobreza que está cerca del 42 %, es decir, dos de cada cinco colombianos en pobreza. Por tanto, la pregunta que hay que hacerse es si en este momento en el que la gente empieza a salir del problema tiene o no tiene sentido aplicarle una reforma tributaria que además es la más agresiva en términos de recaudo de la que yo tenga noticia.
La segunda consideración es de conveniencia, hay una discusión sobre teoría económica y sobre filosofía política, estoy plenamente convencido que lo necesario es incentivar al sector privado para generar empleo y para ello es indispensable que haya más inversión y creo que esta reforma no va en la dirección correcta porque ataca el ahorro que es fundamental para la inversión, porque aumenta las tarifas lo que desestimula la inversión nacional y extranjera, nos hace menos competitivos y al final tampoco ayudará en nada a la generación de empleo porque los ciudadanos tendrán que destinar más de sus recursos al Estado por vía de impuestos y tendrán menos disponibilidad para generar nuevos emprendimientos, nuevos empleos.
Dicho esto, se tiene que resaltar que cuando habla de las empresas en Colombia no hay que confundirse. No me refiero al 0.5 % que son las grandes empresas del país, ni al 1.5 % que son las medianas, sino a ese 98 % de empresas colombianas que están constituidas por pequeñas y microempresas, que generan casi el 82 % del empleo del país, estas han sido las más golpeadas por la crisis y ciertamente la reforma tributaria en nada la ayuda.
Ahora, uno tendría que sostener que desde ese punto de vista no parece conveniente. Habría que hacer una reflexión adicional, y es que a mí me gusta más la idea de un Plan Marshall para la recuperación de la economía, como en Alemania y su modelo similar en la economía japonesa después de la Segunda Guerra Mundial. No le apostaron a los subsidios como sí hace esta reforma, sino al fortalecimiento del sector privado y a la generación de oportunidades de trabajo, y hacer permanentes programas que se crearon para la emergencia como el de Ingreso Solidario. Ahí tengo una distancia conceptual desde la teoría económica y desde la filosofía política.
Agrego algo de carácter político, y es que estoy convencido de que en la política se premia la coherencia y en cambio se paga muy caro cuando no se es consistente en el ejercicio del gobierno con las propuestas de campaña y hay que recordar que este gobierno y el Centro Democrático hicieron una campaña presidencial donde se proponían menos impuestos y más salario; además, hace uno mal en política cuando pretende adelantar sus propuestas asumiendo las del vecino, las de los contradictores, y no las propias. Hacer política con ideas ajenas no se paga bien por parte de los electores, quienes siempre prefieren el original y no la copia.
Pensar que podemos competir adecuadamente buscando unos votos que no van a llegar, haciendo propuestas que han sido desde siempre de la centro izquierda o la izquierda, como la renta básica universal, los programas generales de subsidio o la educación universitaria gratuita, me parece que es un grave error.
No voy a dejar de insistir en que en un país como el nuestro no hay mejor política social que el empleo y que el esfuerzo debería dirigirse a crear tantos empleos como sea posible de la manera más rápida.
360:
¿Ve usted ambiente político en el Congreso para que se apruebe la reforma tributaria?
R.N.L.:
Sí, creo que la reforma la terminarán aprobando porque el Gobierno tiene las mayorías en el Congreso para hacerlo a pesar de lo que han dicho cabezas de partido como el expresidente César Gaviria o Germán Vargas Lleras. Creo que incluso dentro de los liberales y de Cambio Radical habrá una mayoría de parlamentarios que terminen votando sí a la reforma y por supuesto conseguirán que también así ocurra con el partido Conservador y con el partido Centro Democrático.
360:
¿Por qué es tan difícil hacer una reforma tributaria estructural, esa que sea de largo aliento, sostenible y responsable?
R.N.L.:
Tiene que ver con el enfoque, nuestras reformas tributarias siempre han sido para aumentar el recaudo, de carácter fiscalista y no unas que piensen en la productividad y en la competitividad. Eso genera una distorsión inadecuada para el abordaje y la discusión sobre la reforma tributaria estructural.
Segundo, proponer una reforma para recoger más impuestos sin haber hecho durante tres años ningún esfuerzo de austeridad o de ahorro no es presentable. Tercero, el ciudadano tampoco tiene disposición para pagar más impuestos cuando ve que la corrupción sigue desatada y con esto no estoy diciendo que el gobierno de Duque sea corrupto aunque también haya problemas localizados sino una percepción ciudadana. Cuarto, tampoco vamos a salir adelante si la ciudadanía cree que el gasto público es altamente ineficiente.
En esta combinación de inconsistencia entre la propuesta de campaña y el ejercicio del gobierno, ausencia de ahorro y de políticas de austeridad, incapacidad para ser más efectivos en la lucha contra la corrupción y la percepción ciudadana de que el gasto público es de derroche e ineficiente, hay una cultura ciudadana que se muestra poco dispuesta a seguir tributando o a tributar más; al contrario, son estímulos para la informalidad.
Esta reforma busca recaudar 23.4 billones de pesos, lo usual ha sido que las reformas busquen recoger entre 6 y 8 billones de pesos. La de ahora, quiere recoger entre tres y cuatro veces más de lo que en principio buscaban las reformas tributarias en Colombia.
Es cierto que la emergencia de la pandemia dejó un hueco de alrededor 21 billones de pesos, que fue la caída del recaudo en comparación con la presupuestación que se tenía para el año pasado; era de 169 billones de pesos y recogió solamente 148. Dicho esto, uno tendría que afirmar que el dinero para cubrir ese hueco ya está de la venta de un porcentaje de ISA, Ecopetrol; según el presidente Felipe Bayón costaría entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. Si buscamos un promedio, 3.500 millones de dólares, estaríamos hablando de un ingreso extraordinario de 2.8 billones de pesos.
El mayor precio del petróleo, donde Ecopetrol hizo un presupuesto para este año de 45 dólares por barril y el promedio ha estado por encima de los 62; con esto habría por lo menos 4 billones de pesos adicionales que el sector de hidrocarburos le transferiría este año al Gobierno Nacional, hay que agregar 4 billones de pesos por factura electrónica y lucha contra la elusión y evasión de impuestos, y 6.6 billones de pesos más por utilidades del Banco de la República, que el año pasado fueron de 7.5 billones de pesos, pero de los cuales el Banco ha manifestado que le trasladará al Gobierno 6.6 billones de pesos, es decir que en números redondos estamos bastante por encima de los 21 billones de pesos que se están buscando, la plata está ahí.
Frente a estas cuentas, el Ministerio de Hacienda dice que se necesitan ingresos sostenibles, no desde coyuntura. Pero si eso es así, si lo que estamos buscando son ingresos sostenibles de más de 20 billones de pesos anuales, hay que justificar muy bien el gasto y mirar si este es sostenible, mirar qué se quiere financiar y creo que esa justificación no se ha hecho bien.
Hay que examinar la naturaleza y la calidad del gasto público, y hay que empezar por un ahorro. La reforma propone 500.000 millones, que es muy poco; habría que evaluar la eliminación de las consejerías presidenciales, los nuevos ministerios, las agencias que se crearon durante la administración de Juan Manuel Santos y hoy todas siguen, la JEP y el gasto del pacto con las Farc, las contralorías regionales, entre otros.
No creo que los caminos para superar la pobreza sean los subsidios, mi posición es que la mejor política social es crear empleo.
360:
A nivel político se le empieza a culpar al expresidente Juan Manuel Santos, ¿cree usted que esto está bien? Vemos que en cada problema el actual gobierno siempre usa al pasado para justificar su presente.
R.N.L.:
No tengo duda de que hay una responsabilidad del expresidente Juan Manuel Santos en los problemas fiscales que estamos teniendo, es una responsabilidad que es doble. Por un lado, por una expansión enorme del gasto público, sin duda es su culpa; y por el otro por una expansión de deuda pública. Hay que recordar que el expresidente Álvaro Uribe dejó la deuda externa en alrededor de los 70 mil millones de dólares, eso equivalía a un 22 % o 23 % del PIB; Santos entregó la deuda externa en 130 mil millones de dólares y eso correspondía al 42.7 % del PIB.
El presupuesto en términos nominales durante el último año de gobierno del presidente Álvaro Uribe era de 148.6 billones de pesos y en cambio el que tenemos hoy es de 313.9 billones de pesos, que es el presupuesto de este año. Los gastos de funcionamiento se triplicaron en el mismo periodo. Buena parte de esto, deuda externa y gasto público, se hereda del expresidente Santos y habría que agregar el compromiso que es del orden de 130 billones de pesos en diez años relacionado con el pacto con las Farc. Todo eso es cierto.
Ahora, suponer que la responsabilidad es solamente de Santos, no es cierto y además no sería justo. Y ahí es donde uno le puede hacer crítica al Gobierno: durante estos tres años, nada de la frondosa burocracia del crecimiento de la administración pública del gobierno de Santos se corrigió, en absoluto; no se eliminó una sola consejería, o una agencia de las que se crearon; todas se mantienen e incluso se propone en la reforma un nuevo instituto, el famoso Fonclima. En materia de ahorro, de disminución del tamaño del Estado este Gobierno, en estos tres años, no ha hecho la tarea.
360:
El actual presidente hizo anuncios en campaña como derogar la JEP, bajar burocracia, entre otros. No solo continuó la JEP, sino que siguió adelante con la creación de dos ministerios. La gente también le pide al Congreso que tomen medidas como que recorten curules y salario; por primera vez parece que hay un eco muy grande sobre este llamado al Estado, tanto al ejecutivo como el legislativo. ¿Qué opina de esto?
R.N.L.:
Así es, confirma la percepción ciudadana de que no se hizo la tarea en materia de austeridad y ahorro, y en la necesidad de hacer recortes en el Estado. El ciudadano de a pie esta harto de que le metan la mano constantemente al bolsillo para quitarle plata y transferírsela a unos burócratas dentro del Gobierno, está harto de la soberbia que hay detrás de ese ejercicio en el cual hay unos burócratas, algunos de ellos tecnócratas bien calificados, que creen de buena fe que ellos saben disponer mejor de sus recursos que los propios ciudadanos, y hablo de los recursos de estos, hay que recordar que el Estado no produce nada; la producción de riqueza la genera el ciudadano, el emprendedor, el empresario.
Es de esa riqueza que se pagan los impuestos y son esos impuestos los que financian el gasto público y la burocracia estatal. Hay unas preguntas que son válidas: ¿hasta qué límite es aceptable, con cualquier pretexto, quitarle dinero a los ciudadanos para transferírselo al sector público sobre la idea de que en este sector saben hacer algo mejor con el dinero que los ciudadanos? Esto es una idea equivocada, de fondo. Se está produciendo un hartazgo en la opinión pública.
Aquí nos enfrentamos con unos cuellos de botella que yo no sé cómo se van a resolver, porque la propuesta que se había hecho de reducción de tamaño del Congreso no salga adelante. Y las que se han aprobado para establecer unos límites o incluso reducir el salario de los congresistas, que además es la base sobre la cual se establecen los salarios de los magistrados, de los contralores, procuradores y fiscales.
Por eso, los altos funcionarios del Estado no tienen ningún interés en que se les pongan límites a esos salarios de los congresistas. Tal cosa se propuso en su momento, las cortes lo negaron y sostuvieron que no se podían afectar esos ingresos.