Es una irresponsabilidad del tamaño de una catedral que un Gobierno y un Congreso absolutamente desfavorecidos entre la opinión pública y divorciados de la realidad diaria de los ciudadanos, desde la comodidad de sus esquemas de seguridad y oficinas en Bogotá, con salarios públicos fijos y pagados por nosotros, se apresten a aprobar una reforma confiscativa, que solo atenta contra los ciudadanos que mueven la economía del país.
Por: Andrés Felipe Gaviria
Sería innecesario traer a colación las vallas publicitarias de la campaña presidencial de Iván Duque y Marta Lucía Ramírez, en las que hablaban de menos impuestos y más salarios; pues ya sabemos que pocos políticos cumplen lo que prometen y cuando lo hacen, como en el caso del expresidente Donald Trump, todo el mundo pierde la cabeza.
Lo que vemos en Colombia y lo que estamos a punto de presenciar es una barbarie, cometida desde el Ejecutivo y el Legislativo, quienes se amangualan a través del clientelismo y la burocracia, para terminar de asfixiar a la población activa económicamente en nuestro país.
Como ya lo he reiterado en anteriores ocasiones, en todos los hogares colombianos cuando las cosas no van bien y hay menos ingresos, la gente reduce sus gastos: deja de ir a cine, deja de comer por fuera dos o tres días en la semana, reduce los viajes y trata de acoplarse para afrontar la situación.
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Pero No. En el Estado no pasa eso y mucho menos cuando quienes toman las decisiones nunca han tenido el oficio de crear un empleo, levantar una empresa, pagar impuestos, pagar por su carro particular o por un tiquete aéreo, porque siempre han vivido a expensas del Estado.
Y es que el Gobierno decidió adoptar a más de 1,5 millones de venezolanos, una decisión que para algunos es excelente y para otros es cuestionable, pero lo cierto es que esta es un cargo más a la cuenta de los colombianos, que trabajamos y pagamos impuestos. O sea debemos mantener a nuestros hermanos adoptados por el Gobierno Colombiano, porque van a demandar decenas de servicios y a exigir sus derechos y, pues, alguien los tiene que pagar.
Además, las cosas hay que decirlas como son, y los venezolanos que montan empresa no están en Colombia, están en Florida, en México y en Madrid.
La base popular colombiana, la misma que saca trapos rojos en pandemia, pero que en diciembre quema pólvora a diario, consume licor desenfrenadamente y ve telenovelas en televisores gigantescos, es a la que el gobierno de Iván Duque pretende seguir llenando de subsidios.
Se trata de una base electoral absolutamente pro-Petro, pro-izquierda, pro-asistencialismo, fanáticos de los subsidios, de los que no les cabe uno más. Tenemos Familias en Acción, el Ingreso Solidario, Jóvenes en Acción y cuanto otro subsidio y programa socialista se pueda inventar este gobierno, que de seguro lo va a hacer.
«Todas estas decisiones suponen un cargo a las empresas y a los colombianos que trabajan a diario.
Esto, sin contar la penosa devolución del IVA que el actual gobierno aprobó en la anterior reforma tributaria. Es un gobierno que va a durar cuatro años, pero que ha tratado de «clavarnos» una reforma tributaria por año y, obviamente, si esto lo hubiera hecho Juan Manuel Santos, todos los congresistas del Centro Democrático tendrían un cartelito en sus curules criticándolo.
Fuera de que es utópica, díscola y casi risible la cifra que quieren confiscar a través de impuestos, más de $20 billones en plena pandemia, cuando ni siquiera hemos logrado recuperarnos económicamente; no solamente el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, insiste en duplicar el Impuesto al Patrimonio sino que con todos los movimientos que está haciendo el verdadero resultado va a ser:
Primero, una fuga de capitales inmensa, pues se van a ir los verdaderos ricos que quedan en Colombia. Ellos no tienen ningún problema en renunciar a la nacionalidad colombiana, no se pierde mayor cosa; se radicarán en Panamá, Estados Unidos, Suiza o cualquier otro país que no tenga tasas confiscatorias. Segundo, se ataca a la confianza inversionista, tanto que la menciona el expresidente Álvaro Uribe. Finalmente, es obvio que se va a promover la evasión de impuestos.
Esto no es inventado, ya lo hemos visto. Los verdaderos ricos no están en Colombia. El problema es que en el país se siga creyendo que por tener un smartphone, un carro y un apartamento se es rico.
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Y es que elevar el Impuesto al Patrimonio del 1 % al 2 % es abrumador, es enfermo. No tiene sustentaciones internacionales a nivel de tributación y mucho menos en un país como Colombia.
Además, un gobierno que mantiene numerosas Altas Consejerías, miles de contratistas y nutre el clientelismo y la burocracia, que entregan reportes inservibles cada mes, pero que se ganan entre 6 y 7 millones de pesos, más de 280 congresistas más sus unidades de trabajo legislativo y todo lo que implican; esos que viven a nuestras costillas son los que se prestan a cobrarnos más impuestos.
Esto, sin lugar a dudas va a causar que menos empresas se creen en Colombia, porque se va a asfixiar a los inversionistas y también se está atacando a los colombianos que creyeron en normalizar el capital hace poco tiempo. Este Gobierno le está poniendo en un tapete rojo de catedral, a Gustavo Petro y a su populismo, la entrada para hacerse elegir como presidente el próximo año.
Este Gobierno es incapaz de fijar un impuesto pleno, un IVA diferencial para todos los productos, pero que sea bajo, por ejemplo del 5 %, el 7 % y el 12 %. Ojalá que todos los colombianos declararan renta, que no es lo mismo que pagar impuestos. Todos tenemos que aportar, no puede seguirse sosteniendo esa ecuación suicida de que el 30 % de la población mantiene al 70 %.
Ojalá el Congreso, y no creo, esté a la altura de debatir esta reforma tributaria y quitarle toda posibilidad de vida, pero conociendo a nuestros paisanos sabemos que lo van a entregar todo por un puesto.