Una reforma tributaria inviable

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La reforma tributaria no tiene ambiente favorable para su discusión. En esta pandemia nadie quiere poner y prácticamente no hay propuesta que no genere rechazo.


Por: Saúl Hernández Bolívar

Puestos de acuerdo en que Colombia no necesita más impuestos sino menos impuestos, menos gastos innecesarios, menos burocracia, más austeridad y estimular los negocios y la generación de empleo, además de combatir eficientemente la corrupción, el contrabando y la evasión, no se pueden dejar pasar por alto unos detallitos que han salido a flote en la discusión de la reforma tributaria, no importa cómo el Gobierno la quiera llamar.

Para empezar, volvamos con el tema del IVA a la canasta familiar. Empecemos por recordar que los pobres no mercan en Carulla ni en supermercado alguno que cobre ese impuesto y lo reporte a las oficinas de la Dian. En calles, graneros de esquina y mercados populares no habría manera de cobrarle el IVA a los aguacates o las papas si estos resultaren gravados en la reforma, y solo terminarían pagando ese impuesto las clases medias que tanto disfrutan ahora de esas tiendas de descuento que, a decir de algunos, están arrasando las tiendas de barrio, y las clases altas que mercan en supermercados gourmet.

Lo malo de que el impuesto a la canasta familiar no se cobre, radica en que no se están teniendo en cuenta las diferencias sociales en su consumo. Es decir, mientras las clases bajas compran tres o cuatro zanahorias para una sopa, y las medias adquieren media docena para ensalada y jugo, en las altas compran sin necesidad una docena o dos, parte de las cuales terminan en la basura sumándose a las 9 millones de toneladas de alimentos que se pierden cada año en Colombia, con las que se podrían alimentar a 6 millones de personas. Claro que ese es otro tema.

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Para ser más prolijos, pongamos otro ejemplo: no se le va a poner IVA a la carne. Bien, muy loable. No preguntemos a cuánta carne, que unos tienen con qué comprar más libras que otros, pero fijémonos sí en su calidad. Es muy distinto que no se le imponga IVA al hueso carnudo, que puede costar unos 4.000 pesos el kilo, que es lo que consumen muchos pobres como su proteína básica. Pero otra cosa es eximir el consumo suntuario, como un kilo de solomito a 65.000 pesos o uno de angus a más de 100.000 pesitos. Eso no es comida de pobres ni de clases medias. En Semana Santa, los pobres comen pescado seco, no comen salmón ahumado, ni róbalo, ni uno de esos filetes de mero que cuestan 350.000 pesos el kilo en Carulla. Es que, una cosa es ponerle IVA al jamón serrano y otra, a la mortadela; una cosa es el pollo y otra, el pavo. Así, por proteger a los pobres, se está protegiendo es el consumo suntuario de sectores privilegiados.

Igual ocurre con la propuesta de gravar las pensiones superiores a 7 millones mensuales, que, según datos de Colpensiones, son solo unas 20.000. De hecho, esos 20.000 privilegiados apenas representan el 1,4% del millón y medio de pensionados del régimen de prima media, de los cuales cerca del 95% apenas recibe un salario mínimo, o sea 908.526 pesos. No obstante, muchos pensionados de 8 o 10 salarios mínimos se creen las pobres viejecitas de Pombo y piden que ese gravamen solo sea para los 200 o 300 exfuncionarios oficiales que devengan cifras que rondan los 20 millones al mes, y machacan el asunto de los ‘derechos adquiridos’ para concluir que es ilegal y hasta inconstitucional imponerles un impuesto, olvidando que la mayoría de sus pensiones son subsidiadas pues no fueron suficientemente fondeadas para pagar la cifra que devengan. Otra cosa sería si se tratara de una pensión del régimen de ahorro individual, en cuyo caso la mesada es resultante del ahorro realizado durante la vida laboral sin ninguna ayuda estatal.

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Esos dos casos son apenas una muestra de que esta reforma tributaria no tiene ambiente favorable para su discusión. Alguien dirá que nunca ha habido ambiente, pero en esta pandemia nadie quiere poner y prácticamente no hay propuesta que no genere rechazo. Raro, porque muchos pretenden que el Estado reparta carro, casa y beca, sin mirar de dónde se sacan los recursos, pensando que la solución es imprimir billetes.

Tiene toda la razón el expresidente Uribe en solicitarles a los funcionarios de Duque que busquen a ver dónde pueden hacer grandes recortes del gasto para hacer más digerible la reforma y evitarle lesiones dolorosas al Centro Democrático y al gobierno de Duque, que por ser responsables con la situación fiscal del país terminarán satanizados y entronizando al Hampón en el poder, pues a pesar de que gran parte de esos recursos se quieren destinar a la política social, ni Duque ni nadie debería esperar que eso se lo vayan a agradecer.

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